Los tres últimos directores del Cesid testificarán en el juicio contra Perote

Los tres últimos directores generales del Cesid deberán comparecer como testigos en el juicio contra el ex jefe de la Agrupación, Operativa del servicio secreto Juan Alberto Perote, quien será juzgado a partir del 9 de junio por el Tribunal Militar Central. Se le acusa de un delito de revelación de secretos por el que el fiscal le pide 10 años de cárcel. A petición del fiscal, declararán el teniente general, Emilio Alonso Manglano, que dirigió el Cesid desde mayo de 1982 hasta junio de 1995, y el general Félix Miranda, que le sucedió en el cargo hasta marzo de 1996. A solicitud del defensor de Perote, Jesús Santaella, testificará el actual director del centro, el teniente general Javier Calderón.El tribunal ha admitido el interrogatorio de una docena de agentes y ex agentes del Cesid. Entre ellos, el antiguo jefe de la División Interior, el general Santiago Bastos, y el ex responsable de Operaciones, Manuel López Fernández, Losada. También testificarán, por la defensa, el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio.

El informe Jáudenes

Con carácter previo al juicio y a petición del fiscal, el tribunal ha aceptado que se incorporen al sumario los papeles de los que se incautó el juez militar Jesús Palomino durante el registro que efectuó el 27 de junio de 1995 en la celda de Perote. Entre estos papeles se encuentra el informe Jáudenes, el documento secreto sobre la supuesta implicación del Cesid en el golpe de Estado del 23-F, de cuyo contenido informó EL PAÍS el pasado 23 de febrero; una nota clasificada de la OTAN que intentó comerse Pero e durante el registro; y al menos otras dos copias de documentos secretos relativos a actividades de espías soviéticos y grupos árabes en España.

El juicio contra Perote se prolongará durante varias jornadas y tendrá carácter público, ya que parece difícil que se pueda aplicar a este caso el artículo 295 de la Ley Procesal Militar, que permite celebrarlo a puerta cerrada por "razones de moralidad o de orden público o [por] el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a su familia".