El juez que investiga el 'caso Miravete' se inhibe en favor de la justicia militar
El juez de instrucción número 2 de Jaca (Huesca), que investiga la muerte del cabo de reemplazo Samuel Ferrer por un disparo en el pecho realizado por el sargento Juan Carlos Miravete, ha decidido inhibirse en favor del juzgado militar de Zaragoza.En un auto dictado ayer, el instructor asume el criterio de la fiscalía de Huesca, que considera que los hechos acaecidos durante la madrugada del pasado día 19 en el destacamento de Candanchú (Huesca) pueden ser constitutivos de un delito de maltrato a inferior con resultado de muerte, que el artículo 104 del Código Penal Militar castiga con 15 a 25 años de cárcel.
De aplicarse el Código Penal común, Miravete sólo podría ser acusado de homicidio involuntario y condenado a un máximo de cuatro años de cárcel, ya que no se ha acreditado que existiera voluntad de matar, a pesar de que, según el auto, Miravete "no tropezó, ni resbaló, ni fue empujado", en el momento de disparar.
El juez argumenta en su auto que los delitos incluidos en el Código Penal Militar sólo pueden ser aplicados por la jurisdicción castrense y no por los tribunales ordinarios. La Oficina del Defensor del Soldado (ODS) ha anunciado que recurrirá la inhibición, pues teme que "la jurisdicción militar no depure todas las responsabilidades".
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