El Tribunal de Cuentas abre juicio contra el grupo Ibercoop
La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto un "juicio por alcance" contra los responsables de las empresas del grupo Ibercoop, que consiguieron 69 millones de pesetas en subvenciones de la Comunidad de Madrid por estudios falsos. Es la primera vez en la historia del gobierno regional que el Tribunal de Cuentas -organismo que audita la gestión de los presupuestos de las administraciones públicas- eleva hasta su sección de enjuiciamiento una irregularidad descubierta en la administración regional.El Tribunal de Cuentas ha dado nueve días de plazo a los responsables de estas empresas para que comparezcan en las diligencias abiertas en el caso. Los magistrados de este tribunal consideran que en las subvenciones cobradas por el grupo Ibercoop se produjo un "presunto alcance" (daño patrimonial a la Comunidad de Madrid) al no haberse "destinado la subvención recibida a los fines para los que se concedió"., Los auditores públicos, tras varios meses de estudios, han concluido que el daño patrimonial a la Comunidad de Madrid (los 69 millones de pesetas perdidos en subvenciones por estudios falsos) puede ser responsabilidad de los empresarios que recaudaron el dinero.
La Asamblea de Madrid investigó hace dos años este caso y concluyó que las empresas del grupo Ibercoop habían conseguido subvenciones multimillonarias valiéndose de supuestos estudios técnicos que, en realidad, eran fotocopias de libros que se repetían en los distintos documentos presentados a la Consejería de Economía para recibir el dinero solicitado. El caso Ibercoop, denunciado por el PP, acabó costándole el cargo al director general de Empleo, Juan Navarro, cuyo departamento dio las subvenciones. PASA A LA PÁGINA 3
Tres funcionarios de la Comunidad, citados al juicio contra Ibercoop
VIENE DE LA PÁGINA 1El entonces director general de Empleo, Juan Navarro Barrios, fue acusado por el Tribunal de Cuentas de vulnerar la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, al haber aprobado las subvenciones a las empresas del grupo Ibercoop pese a que, unos años antes, había sido fundador de una de ellas.
Navarro se defendió argumentando que antes de ser director general de Empleo había dejado esa empresa, que, realmente, tendría que haberse dado de baja en el registro mercantil. Pero la empresa mantuvo su actividad y el que fue socio de Navarro en aquella aventura siguió al frente de la misma.
El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre la gestión de la Comunidad de Madrid de 1991, consideró que Navarro debería haberse "inhibido" en la tramitación de los expedientes que favorecían a las empresas en las que, previamente, había participado.
El director general de Empleo socialista adjudicó un total de 42 ayudas por 235 millones al grupo Ibercoop.
Los diputados regionales que investigaron este caso tan sólo fueron capaces de encontrar irregularidades en los 22 estudios falsos por los que se pagaron 69 millones de pesetas.
Las conclusiones de la comisión investigadora de la Asamblea de Madrid fueron enviadas el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, y al propio Tribunal de Cuentas, que ahora ha llegado al final de esta investigación abriendo el juicio por alcance.
Intento de cobro
La Comunidad de Madrid, primero durante el mandato socialista y posteriormente con el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha intentado sin éxito cobrar los 69 millones de pesetas que el grupo Ibercoop consiguió por estudios falsos.
De hecho, el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, firmó hace un mes una resolución exigiendo a los dirigentes de las distintas empresas del grupo Ibercoop que devolvieran a la Comunidad de Madrid el dinero cobrado en tres subvenciones.
En el "juicio por alcance" abierto por el Tribunal de Cuentas los empresarios del grupo Ibercoop han solicitado la comparecencia como testigos de tres funcionarios de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
El actual director general de Empleo asegura que su departamento no ha puesto ningún reparo a esta comparecencia, necesaria para que los miembros del Tribunal de Cuentas puedan conocer lo ocurrido con las subvenciones pagadas a Ibercoop durante los años 1989, 1990 y 1991.
Si el Tribunal de Cuentas resuelve que los responsables del daño patrimonial a la Comunidad de Madrid fueron los empresarios del grupo Ibercoop, podría solicitar la devolución de lo cobrado ilegalmente. Incluso pidiendo a los culpables que paguen la deuda con su patrimonio personal.
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