Solicitud aplazada

Soy licenciada en Farmacia, en paro. Desde el 9 de junio de 1994 vengo solicitando al Colegio de Farmacéuticos la concesión de apertura de oficina de farmacia en el municipio de Getafe (Madrid), sin obtener respuesta alguna.Durante este periodo he presentado alrededor de 40 solicitudes, aportando con cada una de ellas la documentación oportuna, según he ido obteniendo las pruebas que acreditan la existencia de un núcleo diferenciado de población de más de 2.000 habitantes. Supuesto del artículo 3 1 -b) del Real Decreto 909/78 (para los no entendidos en la materia, hemos de aclarar que se trata del precepto jurídico que permite a los licenciados, tras haber dedicado largos años a su preparación y que no renuncian a su profesión, abrir una oficina de farmacia sin tener que pagar 100, 200 o 300 millones de pesetas por un traspaso). La primera petición sobre esa misma zona data de 1992.

Creo que ha llegado ya el momento de denunciar públicamente la actuación del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, responsable última de resolver. Aunque algunas voces interesadas últimamente estén transmitiendo la sensación de que algo está cambiando en la concesión de farmacias, mi caso es la prueba fehaciente de que todo continúa igual.

Un Colegio de Farmacéuticos que está dilatando torticeramente la resolución de mi expediente con la única finalidad de proteger el negocio de mis colegas ya establecidos, y una consejería que apadrina con su conducta negligente estas actuaciones, impidiéndome obtener la tutela de un tribunal independiente.

He de señalar algunas interrogantes para las que no encuentro una respuesta coherente y que, tal vez algún responsable pudiera responder.

¿Qué justificación puede tener en los umbrales del siglo XXI, en una economía libre de mercado que permite la libre competencia, la libertad de circulación de las mercancías y de las personas; en un Estado de derecho donde las leyes están para ser cumplidas, donde las relaciones comerciales son cada día más variadas y complejas; con unos índices de paro como los actuales, etcétera, que se permita al Colegio de Farmacéuticos de Madrid, con su presidente a la cabeza, seguir manteniendo esta conducta, como si se tratara del señor feudal que concede dádivas y privilegios según sus propios intereses y juega de esta forma con el futuro de los ciudadanos?

¿Cuál es la responsabilidad de la Consejería de Sanidad en este caso, teniendo en cuenta lo que se dice en la Constitución Española, el Código Penal y la Ley de Procedimiento Administrativo?

¿Puede quedar alguien que dude de que las libertades y derechos fundamentales proclamados en la Constitución son puro formalismo si no se pone coto a estos comportamientos?-