Los trabajadores de las cárceles, en el punto de mira
El atentado de ayer de ETA contra el funcionario Juan José Baeza González es el último acto de la estrategia terrorista para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en su política de dispersión de los presos de ETA. Una campaña que se apoya en los sangrientos aldabonazos de los anteriores atentados, en las encerronas y huelgas de hambre protagonizadas por el entorno civil de la banda y, sobre todo, en el chantaje diario que supone el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que hoy cumple 15 meses en poder de la banda.
Mientras KAS, HB y las familias de los presos funcionan como altavoces de las exigencias del colectivo de presos, ETA vatachando de su particular lista de muerte a los funcionarios de prisiones, a los que considera no sólo "carceleros" sino "objetivos militares" de primer orden.
Desde que el ministro socialista Enrique Múgica inició a mediados de los años 80 la política de dispersión de los presos de ETA, la organización terrorista ha dado muerte a tres funcionarios de prisiones. El 14 de marzo de 1990, ETA asesinó de un tiro en la nuca al contable de la cárcel guipuzcoana de Martutene, Ángel Mota Iglesias, afiliado al sindicato ELA. Tres años más tarde, el 22 de enero de 1993, dos disparos en la cabeza acabaron con la vida del José Ramón Domínguez Burillo, afiliado al sindicato UGT y educador de la prisión de Martutene.
La última víctima de la lista fue el psicólogo de Martutene, Javier Gómez Elosegui, militante de ELA, partidario de la alianza estratégica con la central abertzale LAB y defensor del acercamiento de los presos vascos a Euskadi, asesinado el 11 de marzo pasado.
Campañas de miedo
Paralelamente, ETA realizó varias campañas de amedrentamiento con el envío de paquetes bomba al Ministerio de Justicia y a la prisión madrileña de Carabanchel (abril de 1990) -un funcionario resultó herido grave-, y el envío de una carta a casa de otro funcionario, que causó la muerte, el 11 de agosto de 1989, a su madre, Conrada Muñoz.
ETA, sin embargo, ya consideraba desde octubre de 1983 "objetivos militares" a los "funcionarios de las cárceles del Estado donde se encuentren presos políticos vascos". Ese mes asesinó al médico del penal del Puerto de Santa María, Jorge Suar Muro.
La suerte impidió que el pasado lunes, día de la vista de los recursos en el Tribunal Supremo por el encarcelamiento de la cúpula de HB, el comando Madrid saltara de nuevo a las primeras páginas de los diarios e incrementara los siete atentados mortales que lleva desde enero. Ayer, ETA quiso dar gas al frente de makos, echando mano de uno de sus grupos más mortíferos, el comando Donostia, con un doble objetivo: extender el miedo entre los funcionarios de prisiones y recordar al Gobierno que Ortega Lara sigue en el agujero.
