Los paramilitares pisan fuerte en Colombia

Era la una de la mañana del lunes santo. Un grupo de casi 60 hombres armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas llegaron en medio de un gran alboroto a La Victoria de San Isidro y, a empellones, sacaron semidormidos a los casi 700 habitantes del caserío; los obligaron a concentrarse en la plaza. "Vamos a acabar con estos hijos de puta de la guerrilla", gritaron. Luego, lista en mano, llamaron a cuatro campesinos. Delante de todos los mataron. "En pocos días esto estará limpio", advirtieron antes de marcharse como si nada hubiera pasado.Es sólo un caso de los que se viven a diario en la costa caribe colombiana desde que, a mediados de septiembre pasado, las Autodefensas de Córdoba y Urabá, el más tenebroso de los grupos paramilitares que opera en el país dirigido por los hermanos Fabio y Carlos Castaño, emprendieron una feroz ofensiva dispuestos a ganar terreno a la guerrilla. Lo que ha ocurrido en estos siete meses. es espeluznante. Han muerto niños, ancianos, mujeres embarazadas. Muchas veces, estos hombres que acostumbran usar prendas privativas de las fuerzas militares, secuestran a sus víctimas. Uno o dos días después van apareciendo los cadáveres de los cautivos maniatados y con señales de tortura. No se ha respetado ni las iglesias, pues en algunos casos las han convertido en escenario de muerte. En una sola noche las víctimas han sumado 30.

La ofensiva paramilitar no es nueva. Ya habían empleado esta táctica con éxito en el Magdalena Medio, a finales de los años ochenta y en la zona bananera del Urabá: en año y medio limpiaron esta última zona. La guerrilla empezó a cobrar con la misma moneda, una a una, las acciones de su adversario. Masacres, muertes selectivas y terrorismo, su última arma. Cada grupo busca con su acción acabar con la base social de su contrincante. Los paramilitares matan campesinos, dirigentes cívicos de todo tipo, estudiantes, familiares de guerrilleros y alcaldes que consideran del lado de los rojos. La guerrilla dispara a campesinos, comerciantes, ganaderos, alcaldes que ubican en el bando de los paramilitares o a los que condenan por malos manejos administrativos. Ser alcalde se ha convertido en profesión de alto riesgo en Colombia. En dos años han sido asesinados 22 y son incontables los que viven bajo amenazas.

Alcalde con escalera

El alcalde de Turbo, población controlada por paramilitares, siempre lleva consigo una escalera. La utiliza para trasladarse, atravesando los patios de las casas vecinas, de la oficina a su casa. Su colega de Miraflores, en la Amazonia, fue asesinado por paramilitares.Por número de muertos la guerra la llevan ganada de lejos los paramilitares. En sólo tres meses -según cifras oficiales- en la provincia caribeña de Sucre dejaron 137 muertos y 800 desplazados. La Iglesia acusa a estos escuadrones de ser los mayores responsables del casi millón de desplazados que deambulan hoy por Colombia.

A medida que la guerrilla, acorralada ya en algunas regiones, cede terreno, avanzan los grupos paramilitares. Es el caso del noroccidente antioqueño y de la provincia del Chocó. Allí, en la pasada Semana Santa, el combate género un éxodo de más de siete mil campesinos.

De la noche a la mañana los muros de muchas poblaciones aparecen llenos de pintadas. Todas tienen la misma firma: ACCU, la sigla de las Autodefensas de Córdoba y Urabá. En uno de estos pueblos los habitantes hablan en voz baja de cómo les cambió la vida desde que llegaron esos hombres armados que montaron su comando en uno de los balnearios más conocidos, y que van como Pedro por su casa. Desde entonces no hay despertar sin la noticia de cinco o seis asesinatos bajo el amparo de la oscuridad. Ya nadie se atreve a salir después de las ocho de la tarde.

Y en voz baja, en tono de confidencia, se pueden escuchar opiniones diversas: "Yo estoy de acuerdo que maten a esos guerrilleros. Aquí llegaron cobrando impuestos" hasta a los maestros, que sólo ganan el mínimo, menos de 200 dólares (30.000 pesetas) al mes. "Los paracos sanearon la zona", agrega otro, "ya nadie roba". Y los de más allá, horrorizados, comentan: "Nadie tiene derecho a matar".

Colombia es hoy un país atomizado. "¿Será un pueblo guerrillero o de paramilitares?", es la pregunta normal que se plantea quien piensa viajar a alguna población fuera de las grandes ciudades. Los mapas de las provincias se demarcan hoy así: zona de control paramilitar, zona de control guerrillero, zonas de enfrentamiento entre los dos grupos, zonas de expansión paramilitar. A la provincia del Cesar, rica región ganadera, por dar un ejemplo, se la disputan ocho frentes guerrilleros y tres grupos paramilitares. Un reciente informe del diario El Espectador reveló que entre 1990 y 1992 se registraron. allí 1.300 secuestros. Aparecieron entonces las autodefensas: "Nos cansamos de poner siempre nosotros la cuota de sacrificio", dijo a ese diario un ganadero. En el Cesar están hoy las Autodefensas de Córdoba y Urabá, las de Chepe Barrera y las del Magdalena Medio. Según el informe de El Espectador muchos universitarios, hijos de hacendados, asumieron el control directo de la guerra a la guerrilla. No hace mucho hacendados de distintas regiones pusieron el grito en el cielo porque el Gobierno prometió recompensas por información para dar con el paradero de los hermanos Fabio y Carlos Castaño, jefes paramilitares. En una carta enviada al ministro de Defensa y firmada por más de 200, decían que el Gobierno "debería apoyar la actitud valerosa" de quienes "decidieron empuñar las armas para perseguir a quienes se han empeñado en destruir las riquezas de los colombianos". "Mientras el Gobierno no nos proteja apoyaremos a las autodefensas", ha dicho el líder de los ganaderos de Córdoba.

Hay algunos arrepentidos que piensan que su política sólo traerá más violencia. Y, de cierta forma, ya lo están sintiendo. La guerrilla empezó a quemar haciendas y casas de quienes apoyan abiertamente a estas bandas. "En vez de matones deberíamos haber solucionado el problema invirtiendo en desarrollo social", se queja un ganadero de la costa norte, y no duda en calificar de "insensibles" a sus colegas que dan dinero a los paramilitares sin soltar un duro para mejorar un acueducto. En toda la región caribe se mezclan los grandes latifundios con la miseria.

Según datos oficiales hay en Colombia 622 municipios -de los 1.062 existentes- con presencia de la guerrilla y 425 con paramilitares. El temor crece con la cercanía de las elecciones municipales de octubre. "Los dos grupos querrán presionar para imponer el candidato de su bando", predicen los violentólogos.

La guerrilla, dicen fuentes militares, está armada hasta los dientes y su meta es la insurrección general en 1998. Los paramilitares crecen y se organizan cada día más. Su meta es fortalecer sus tareas de inteligencia a nivel urbano y expandir su acción ofensiva y violenta al oriente y sur del país.

Estos grupos de autodefensas o paramilitares son heterogéneos. Desde ejércitos privados de narcotraficantes que defienden sus territorios, hasta paramilitares que contratan con ganaderos la limpieza de zonas guerrilleras, pasando por grupos pequeños que defienden sólo una finca. Un reciente informe de Human Rights Watch denunció lo que desde hace años se dice en Colombia: que hay una asociación ejército-paramilitares: "Creemos que el Estado mayor de las fuerzas militares sigue organizando, alentando y movilizando paramilitares en la guerra encubierta contra los sospechosos de alentar la guerrilla". El consejero presidencial para los Derechos Humanos reconoce que al Estado colombiano le cabe responsabilidad por acción y omisión, "por no haber enfrentado" a estos grupos de matones. Igual dice un informe del Departamento de Estado norteamericano dado a conocer en enero.

Y más adelante añade: "Este primer análisis sobre Derechos Humanos lamenta que dirigentes paramilitares como los narcotraficantes Carlos y Fidel Castaño y el magnate de las esmeraldas, Víctor Carranza, quedaran por fuera del alcance de la justicia".

El Ejército niega sistemáticamente estas acusaciones. Lo cierto es que todos los uniformados señalados de violar los derechos fundamentales han quedado libres de culpa. En. los llamados "sucesos violentos de Trujillo" donde 103 personas murieron, la mayoría cortadas a pedacitos con una motosierra, el presidente -tras la intervención de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos-, reconoció la responsabilidad del Estado. El mayor del Ejército Alirio Ureña, señalado de haber "intervenido directamente en los hechos" fue simplemente retirado de su cargo.

Dado de baja

A mediados del año pasado el coronel Carlos Alfonso Velázquez, destinado en el Urabá, presentó un largo informe sobre la actividad del Ejército en esa violenta región. Concluyó que no existía voluntad para luchar contra los paramilitares. Velázquez fue sancionado por deslealtad a su comandante. Poco después fue dado de baja.

La guerra se ha hecho más cruenta desde que ingresaron al escenario las llamadas cooperativas de seguridad -Convivir- amparadas por el Estado como legígimo derecho a la defensa. Nacieron hace dos años y crecieron como espuma. Hoy existen 567, con 12.000 hombres armados que actúan en 28 provincias del país. Desde el mismo Gobierno se han escuchado voces que las condenan, señalando que se corre el peligro de que se interpreten como la legalización de los paramilitares. "De las Convivir a los paramilitares sólo hay un paso", dice la Iglesia. La guerrilla, mientras tanto, las ha declarado "objetivos militares". Los funcionarios que las apoyan, entre ellos el gobernador de la provincia de Antioquía, las reclaman como justo derecho de los ciudadanos de bien ante la arremetida de la guerrilla. La tarea principal que se les reconoce es hacer inteligencia y pasar información al Ejército. El patrullaje lo hacen a pie o a caballo y, aunque se insiste que su labor es defensiva, un reciente informe de la revista Alternativa demuestra que las armas que utilizan tienen una gran capacidad ofensiva.

La última iniciativa la lanzó el comandante general de las fuerzas militares, Harold Bedoya. Propuso, en medio de un incoherente debate sobre la paz, la creación de milicias, algo similar a las rondas campesinas de Perú. Alejandro Reyes, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, ve tan negro el panorama que plantea esta propuesta: "Las milicias del general Bedoya completarían la fórmula necesaria para ahondar la polarización de la guerra civil".

Éste es el caótico país al que llegó Almudena Mazarrasa, la española que se pondrá al frente de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Mi labor será intentar que la situación mejore", dijo al llegar y frenó los sueños de los demasiado optimistas: "La realidad de un país no se cambia con una varita mágica; se cambia a través de mucho esfuerzo".