Kinkel intenta limitar daños

El Gobierno federal alemán intenta reducir los daños derivados de la sentencia del Tribunal Supremo de Berlín, que acusa a los máximos dirigentes de Irán de ordenar el asesinato de opositores en el extranjero. El ministro federal de Asuntos Exteriores, el liberal Klaus Kinkel (FDP), en una primera reacción tras la sentencia de Berlín, en entrevista con el dominical Welt am Sonntag, se inclina por "no echar leña al fuego" y que "ambas partes reflexionen sobre un nuevo comienzo", aunque Irán "tiene que reconocer el derecho internacional y actuar conforme a él".

Al mismo tiempo que Kinkel trata de quitar hierro a la crisis, la oposición pide la cabeza del ministro de Exteriores. El diputado socialdemócrata Willfried Penner (SPD), presidente de la comisión de Interior del Parlamento (Bundestag), critica a Kinkel por haberse entendido con "elementos criminales" y pide que el cambio de política hacia Irán comience con la dimisión del ministro. Los Verdes, a través de su portavoz parlamentario Jürgen Trittin, ya habían exigido a Kinkel el cese de todo apoyo "al régimen de los mulás. Toda ayuda económica a Irán tiene que ser congelada. El oportunismo económico no puede ser la base de la relación con un régimen criminal".

El semanario Der Spiegel, que aparece hoy lunes, publica informaciones sobre la puesta en marcha de un amplio plan de seguridad por parte de la policía y los servicios secretos alemanes. Se trata de un plan de dimensiones similares al aplicado durante la guerra del Golfo. Entre las medidas de los órganos de seguridad, menciona el semanario la mayor acción de escuchas telefónicas desde el final de la guerra; control de la embajada de Irán en Bonn, que está considerada como uno de los centros de movimiento del terrorismo iraní; búsqueda, infructuosa por ahora, de dos comandos procedentes de Líbano; y advertencias de los servicios secretos alemanes a unos 600 iraníes sospechosos de contactos con el terrorismo de que se les vigila.