De Vega teme que la desclasificación de los 'papeles del Cesid' retrase el 'caso Marey'

Las consecuencias de la desclasificación de los papeles del Cesid, ordenada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, hacen temer al presidente de la Sala Segunda, José Augusto de Vega, que algunas de las partes soliciten la reapertura del sumario para la práctica de nuevas pruebas, lo cual retrasaría el juicio del caso Segundo Marey, en lo que describió ayer como un "embrollo". Sin embargo, fuentes diversas de la Sala Segunda del Supremo afirmaron ayer que en su seno hay una mayoría favorable a admitir nuevas pruebas sólo en la vista oral, que desean se celebre pronto.

De Vega explicó ayer a la cadena SER que, aunque la instrucción del sumario del caso Marey está terminada y contra esa conclusión "no hay recurso de ninguna clase", es probable que algunas partes pidan ahora, tras la desclasificación de los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, "pruebas que obliguen a devolver las actuaciones nuevamente al instructor". El presidente de la Sala Segunda estimó lógica tal petición y señaló que, de reabrirse la instrucción, se retrasaría el caso.José Augusto de Vega describió el dilema en el que se encontrará la sala: ordenarle al instructor que acepte la prueba solicitada o, "por el contrario, (que) la Sala estimara que eso es una cuestión que se puede llevar y plantear dentro del juicio oral". Esta última solución es la preferida por De Vega y por la mayoría de los magistrados, uno de los cuales manifestó ayer a este periódico que "Ia Sala ya ha anunciado el deseo de que el sumario concluya y que las nuevas pruebas solicitadas se practiquen en la vista oral".

Documentos ya incorporados

La desclasificación de los papeles del Cesid, según esta fuente, no afecta de forma determinante al caso Marey, al que ya están incorporados la versión de los documentos que se conocía, prácticamente idéntica a la desclasificada. Recordó que, por ejemplo, como consecuencia de uno de ellos, a propósito de la controversia sobre si el término "Pte." quería decir "pendiente" o "presidente", prestaron declaración los dos ex altos cargos del Cesid Emilio Alonso Manglano y Juan Alberto Perote.Este magistrado estima, con la mayoría de la sala, que las nuevas pruebas, incluída la probable declaración como testigo del ex presidente del Gobierno Felipe González o los careos que se estimen necesarios, pueden practicarse perfectamente en la vista oral. Añadió que "si como consecuencia de tales declaraciones surgiera una responsabilidad, podría deducirse testimonio y ventilarse en alguno de los procesos sobre los GAL todavía pendientes". Reivindicó el papel de la vista oral como momento clave del proceso y estimó inconveniente reabrir la instrucción.

Las declaraciones del presidente De Vega plantearon que "el debate es si las pruebas se tienen que agotar todas durante la instrucción o se pueden hacer en el plenario". Recordó que "Ias pruebas que valen realmente son las del plenario, es decir, las del juicio oral", en donde deben reproducirse las desarrolladas durante la instrucción. Manifestó que hay 15 días para que las partes se personen y otros 20 días para que pidan o bien la apertura del juicio oral o la práctica de nuevas pruebas. Para De Vega, lo peligroso desde el punto de vista del retraso es que de los documentos puedan derivarse nuevas declaraciones. "Ese es el embrollo de la cuestión", señaló.

Otras fuentes de la Sala Segunda creen que, para la práctica de esas pruebas, no es necesario reabrir la instrucción sumarial, sino solamente ordenar al juez instructor, Eduardo Móner, que efectúe las que la sala estime imprescindibles o aquéllas que, de realizarse en la vista oral, significarían una suspensión del juicio. Algunos magistrados de la Sala Segunda creen que esta vía permitiría reducir considerablemente el número de pruebas a practicar, ya que las decisiones de la sala en esta materia son irrecurribles, mientras que las de Móner si lo son.

Todos se niegan a reabrir

En lo que existe coincidencia entre todos los sectores de la Sala Segunda del Supremo es en que no debe reabrirse la instrucción sumarial a fin de que las partes pidan a Móner las pruebas y sea él quien las admita o deniegue.Tal procedimiento llevaría a una serie de recursos no deseados, por lo que, o bien será la Sala la que decida qué pruebas ordena practicar a Móner ("seguro que muchísimas menos de las que pidan las partes", dijo un magistrado) o sólo se permitirán nuevas pruebas para la vista oral, posición que en este momento es mayoritaria, según fuentes de la sala.