La fiscalía investiga supuestos malos tratos en una guardería de Torrelodones

La Fiscalía de Madrid investiga, a instancias del Defensor del Menor, un caso de supuestos malos tratos a niños menores de tres años en una escuela infantil municipal de Torrelodones (10.500 habitantes). Francisco Javier Urra, defensor del menor, ha remitido a la fiscalía un informe que recoge denuncias de padres y de personal del centro según las cuales dos educadoras, con título de auxiliares de educación, obligaron a alguno de los pequeños a comer sus propios vómitos y les ataron a sillas por orinarse encima, entre otras vejaciones.

El Defensor, según explicó ayer, había recibido la pasada semana cuatro denuncias firmadas ante el alcalde (Enrique Muñoz, del PP) o los concejales por una pareja de padres, los servicios sociales municipales, un trabajador del servicio de comidas de la guardería y educadores del centro". Urra se puso inmediatamente en contacto con el alcalde, que el lunes le entregó un informe que el Ayuntamiento había realizado por su cuenta. "No me puedo creer que personas que se dedican a la educación hagan esas cosas, pero las denuncias vienen de personas diversas que, además, se han mojado mucho", comentó el Defensor. Fuentes municipales y de los vecinos de Torrelodones aseguraron que las denuncias son producto de rencillas laborales entre los trabajadores del centro infantil.

Golpes sin marcas

Las denuncias contra dos educadoras por supuestos malos tratos a los niños a su cargo (unos 30 de los 58 matriculados) surgieron del centro. Dos educadoras, su auxiliar, una ayudante de comedor y una limpiadora informaron de los supuestos hechos a un responsable de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento a principios de marzo. Según este relato, a las dos denunciadas se les oyeron frases como "pégale ahí, que no quedan marcas", además de insultos y motes despectivos. Tras la denuncia, el Ayuntamiento abrió una investigación que el alcalde encargó a tres concejales (Educación, Servicios Sociales y Personal). Como medida cautelar, el regidor obligó a las dos educadoras a tomarse un mes de vacaciones. "No las podemos suspender de su empleo porque no lo contempla el Estatuto de los Trabajadores", añadió Muñoz.Urra se reunió el lunes con los padres de los niños y, en su calidad de psicólogo, les explicó que no debían temer traumas en sus hijos, porque, de ser ciertos, los hechos habrían sido "puntuales y no siempre hacia los mismos niños". La directora del centro también fue apartada de su cargo por una supuesta dejación de responsabilidad, aunque sigue como educadora en la guardería. Los padres de los niños del centro están divididos: 32 expresaron en -una carta su confianza hacia el personal del centro y las dos educadoras denunciadas y "sólo dos", según el alcalde, han retirado a sus hijos del centro.