Hechos cantan

DECIÁ Beuve-Mery, director fundador del prestigioso diario Le Monde: "Los hechos son sagrados, las opiniones son libres". He aquí, pues, los hechos: El 24 de diciembre, un acuerdo, entre las empresas Sogecable, Antena 3 de Televisión y TV de Cataluña pone fin a la guerra del fútbol. El acuerdo oscurece las perspectivas de triunfo, en libre competencia, de la plataforma digital patrocinada por el Gobierno, de la que TV de Cataluña y Antena 3 se separan.

El 30 de diciembre, el diario El Mundo, dirigido por un consejero áulico y amigo personal del presidente del Gobierno, publica un editorial de dos páginas en el que le conmina a tomar medidas contra dicho pacto.: "¿Qué consecuencia tendrá éste para la vida política?", se pregunta, y se responde a sí mismo: "A corto plazo, el prestigio y, el principio de autoridad del Gobierno de Aznar quedarán por los suelos, y su ridiculización neutralizará en gran medida la mejora de la cuestión económica. A medio plazo, el regreso de González de la mano de Polanco será inevitable". Más adelante añade: "Aznar se siente personalmente burlado y sabe que lo que está en juego es la credibilidad de su proyecto político".

El 7 de enero comienza en El Mundo una campaña que trata de acusar a Jesús de Polanco, presidente de PRISA, EL PAÍS y Sogecable, de contribuir a la financiación irregular del PSOE: es el caso Ferrer Europa.

El 30 de enero empieza la. comercialización de Canal Satélite Digital, la plataforma de Canal+.

El 31 de enero, el Gobierno aprueba un decreto-ley sobre televisión digital, tratando de prohibir el descodificador utilizado por Canal +; aumenta el IVA a los consumidores de televisión de pago, y establece la obligatoriedad de depositar las fianzas de los abonados en la Caja General del Estado. La medida no afecta a los depósitos anteriores de Canal +, que denuncia el decreto ante la CE y lo recurre ante el Supremo y ante el Constitucional. La CE exige al Gobierno que tramite el decreto como proyecto de ley, emendando los aspectos contrarios a la normativa comunitaria.

El 4 febrero se envía al fiscal anticorrupción el caso Ferrer Europa y las investigaciones sobre supuestas irregularidades de Antena 3 TV.

El 7 de febrero es nombrado director general de RTVE Femando, López-Amor, militante del partido del Gobierno, tras la dimisión de Mónica Ridruejo por su discrepancia con la política seguida en el tema de la televisión digital. ELPAÍS denuncia que López-Amor fue sancionado en su día por abuso de autoridad.

El 21 de febrero, el Gobierno envía a las Cortes un proyecto de ley reguladora de las emisiones deportivas que constituye, de hecho, una expropiación de los derechos adquiridos por Canal Satélite Digital en el pacto del 24 de diciembre.

El 24 de febrero, el director de la revista Época, socio de la plataforma digital del Gobierno y uno de los más conspicuos representantes de la derecha más reaccionaria, presenta una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Sogecable por apropiación indebida, estafa y falsedad en documento mercantil. La única prueba que adjunta es un artículo publicado ese mismo día en su revista denunciando un supuesto mal uso de los depósitos de garantía de los abonados de Canal+. En el, reportaje se alude a que el Gobierno maneja informes a este respecto, extremo que no ha sido desmentido. Los depósitos de garantía de Canal + España son utilizados en la misma forma que en el resto de los países europeos.

Un día después, el juez Javier Gómez de Liaño admite a trámite la denuncia. El juez es hermano de Mariano Gómez de Liaño, abogado de Mario Conde y acusado de complicidad con él en el caso Banesto.

El 27 de febrero, Javier Sainz Moreno, ejerciendo la acción popular, presenta querella contra los miembros del Consejo de Administración de, Sogecable y el auditor de la compañía. Sainz Moreno es licenciado en Derecho, pero no tiene habilitación del Colegio de Abogados para llevar a cabo semejante acción. El juez admite la querella y la acumula a la denuncia.

El viernes 28 de febrero, el juez cita para esa misma tarde a la mitad del consejo de Sogecable y ala otra mitad para el sábado por la mañana a fin de hacerles entrega de la querella. No admite que pueda hacerse mediante procurador. La filmación del momento en el que los consejeros entran en la: Audiencia Nacional es reproducida por TVE decenas de veces. El presidente, el consejero delegado y el, secretario. del Consejo de Administración de Sogecable y de PRISA no podrán abandoar España sin permiso previo del juez, que, no obstante, asegura que no se trata de medidas cautelares; la misma prohibición afecta al auditor de las cuentas del Sogecable. Las actuaciones del sumario son declaradas secretas. El juez ha intervenido, toda la contabilidad de Sogecable y ha exigido que se le entregue una lista de los 1,4 millones, de abonados a Canal.+. Televisión Española airea la noticia, como antes lo hizo reiteradamente en el caso Ferrer Europa, dentro del capítulo dedicado a la corruppción, y junto a las referidas a Conde y a De la Rosa. Del mismo modo proceden el diario El Mundo y el Abc, donde colabora Campmany. Los mismos periodistas se sirven de su presencia en la emisora episcopal para comentarlas "preocupaciones penales" de Polanco. y Cebrián.

El 3 de marzo comienza el juicio contra Mario Conde por el caso Argentia Trust.

El 11 de marzo, Diario 16 publica en su primera página: "El juez Liaño pretende, encarcelar a Cebrián".

El 20 de marzo, Conde es condenado a seis años de cárcel.

El 22 de marzo, EL PAÍS publica un manifiesto firmado por cientos de intelectuales y artistas de todo el mundo en protesta por el acoso a PRISA y en defensa y solidaridad de Polanco y Cebrián.

El 26 de marzo, la sala de lo penal acuerda la prisión provisional de Conde, eludible mediante fianza de 2.000 millones de pesetas, cuyo plazo para depositar la tras una ampliación, vence el 7 de abril.

El 3 de abril, el juez Liaño acepta la ampliación de la querella contra el director general de Canal +.

El 4 de abril, el diario Abc ataca en su portada a Canal + por la emisión de los muñecos del guiñol, que, considera, "a juicio de destacados dirigentes del PP, una burla descarada de José María Aznar y sus, colaborado res?'. El coordinador general del PP, Angel Acebes, ad mite que dirigentes de su partido están preocupados por este programa que él califica como un espacio de opinión. Un columnista de El Mundo asegura que "Cebrián y Polanco se quieren largar" de España. La sala de la Audiencia rechaza los argumentos de Conde para evitar el pago de la fianza. El juez Liaño publica un auto prohibiendo a Polanco y al auditor de Sogecable que se desplacen al extranjero. Insinúa la posibilidad de que puedan resultar imputados, pese a que todavía no ha tomado declaración a ninguno de los querellados más de un mes después de haber admitido la denuncia. Polanco debía recibir el 28 de abril el doctorado honoris causa por la universidad americana de Brown. como reconocimiento a sus tareas a favor de la comunicación. El Grupo PRISA hace una, nota pública protestando por la manipulación y los manejos en tomo a Sogecable y avisando de los peligros de la situación creada para la libertad de expresión y él libre ejercicio empresarial.

Hasta aquí, los hechos. Ahora, brevemente, las opiniones: todas estas noticias están relacionadas entre sí. Nos encontramos ante una formidable ofensiva del poder contra un grupo de comunicación índependiente y no dispuesto a doblegarse a sus caprichos. La criminalización de las actitudes de los fundadores y primeros responsables. de este periódico, en el marco de esa ofensiva, no es un tema que afecte sólo a este diario ni a las personas implicadas. La crispación que viene sufriendo España amenaza seriamente la normalidad, de la convivencia entre los ciudadanos. La seguridad jurídica, está en entredicho; el Estado de Derecho, amenazado; la libertad de expresión y la de empresa, en peligro.