Pobre escuela pública
EL GOBIERNO prefiere el destornillador a la excavadora como herramienta para desequilibrar la balanza educativa en favor de la enseñanza privada. Tocando un punto de aquí y otro de allí, Esperanza Aguirre está decidida a cumplir el aviso para navegantes que en diciembre lanzó de forma suavemente sibilina: "He recibido un sistema que tiene un 31 % de centros de titularidad privada, la gran mayoría concertados, y un 69% de titularidad pública. Mi intención es que esta situación evolucione conforme a las demandas sociales".En esa línea de que la demanda privada evolucione a costa de una empobrecida oferta pública, el Gobierno ha aprobado un real decreto que modifica el régimen de admisión de alumnos en los colegios e institutos financiados por el Estado (públicos y privados concertados) en las 10 comunidades que todavía administra. Lo que la ministra de Educación pinta a todo color como un salto hacia la libertad de elección de centro más bien parece una zancadilla a la enseñanza pública.
El nuevo baremo de admisión, que entrará en juego siempre que haya más solicitudes que plazas disponibles, concede a los centros la capacidad de asignar a los alumnos un punto por "una circunstancia relevante apreciada justificadamente". Como vivir cerca del centro dejará de ser relevante -porque se amplían las zonas de influencia de colegios e institutos y se equipara el domicilio familiar y el lugar de trabajo-, este punto discrecional abrirá o cerrará puertas, sobre todo, en los colegios concertados. Es decir, ese punto discrecional será en muchos de ellos el punto clave.
Los socialistas ya implantaron esta misma medida entre 1985 y 1993. Pero lo que convierte la libertad de elección de las familias en capacidad de los centros para seleccionar a sus alumnos es el efecto combinado de dos cambios: la menor influencia de la proximidad, que igualará a numerosos aspirantes, y la concesión del punto discrecional, que permitirá filtrar a los alumnos, por muy "objetivos y públicos" que sean los criterios elegidos. Favorecer el agrupamiento de los hermanos en el mismo colegio es razonable, pero, en el caso de los centros concertados abre otra vía de selección: la familia que pueda pagar de su bolsillo la enseñanza de uno de sus hijos en los tramos no subvencionados (0-6 años y 16-18 años) obtiene un plus para que sus otros hijos accedan de forma preferente en los tramos financiados por el Estado.
Esperanza Aguirre gusta de genéricas proclamas en favor de la competitividad, la calidad de la enseñanza y la libertad de elección. Pero sus actuaciones parecen encaminadas a favorecer la enseñanza privada. ¿Se avecina una red educativa de primera y otra de segunda? ¿Es legítimo segregar a los alumnos en un tramo de educación obligatoria? Sin caer en un panorama dickensiano, basta un mínimo esfuerzo de adivinación para saber adónde irán los alumnos con especiales necesidades educativas, los discapacitados, los marginales, los de minorías étnicas, los de familias desintegradas o, simplemente, los de malas notas. Se refugiarán en los centros públicos, a los que, por si fuera poco, se les está quitando personal de apoyo, recursos, programas complementarios y todos esos pequeños detalles que configuran una educación de calidad. En esas circunstancias, elegir un centro público puede ser una especie de heroísmo social.
Ante la competencia que se avecina, los docentes públicos harán bien en no dormirse en los laureles, pero hay que reconocer que tienen difícil impedir las fugas, porque la selección ya está en marcha. La ha hecho el Gobierno.
