Una madre impugna ante el Supremo el archivo de una demanda de paternidad contra un magistrado
Concepción Coito, de 37 años, que demandó en 1994 al magistrado canario Fernando de Lorenzo, de 52 años, como padre de su hijo de cinco años, ha impugnado ante el Supremo la paralización de su demanda. El juez que la tramitaba decidió archivarla, una vez que la prueba biológica de paternidad resultó positiva. Hace unas semanas, la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmó el archivo, siguiendo el criterio del demandado. Coito pide al Supremo que anule tales resoluciones y estime su demanda de paternidad.El origen de la demanda fue, según Coito, su convivencia con De Lorenzo durante tres años en Las Palmas, entre 1988 y 1991, como consecuencia de la cual quedó embarazada y el 28 de julio, tras la ruptura sentimental, dio a luz en Madrid al hijo de ambos. En cambio, De Lorenzo asegura haber sufrido "una especie de persecución" por parte de "una señora con la que mantuve una relación circunstancial".
El letrado Francisco Martín del Río, abogado de Coito, propuso en marzo de 1993, por carta, una solución amistosa a De Lorenzo, para evitar acudir a los tribunales. El letrado Félix Parra, en nombre del magistrado, contestó que su cliente consideró "increible" la pretensión de la madre y advirtió que tenía "una precaria situación económica", a fin de disuadirle de "intentar un posible affaire económico".
Coito consideró "indignante" la respuesta y, a través de su abogado, dio por "agotada la vía amistosa". A finales de 1994 presentó la demanda, que correspondió al juez de primera instancia de Las Palmas Juan Francisco Martel Rivero.
Ambas partes acordaron suspender su tramitación para efectuar en Madrid las pruebas biológicas de investigación de la paternidad. Una vez realizadas, con resultado positivo, el magistrado De Lorenzo no se avino a la demanda, sino que, paralelamente y al margen del proceso, inició un expediente de reconocimiento de su paternidad y alegó que la reclamación judicial carecía ya de contenido.
El demandado convence
El juez Martel atendió esta alegación y archivó el caso. En enero de 1997, otros tres magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas confirmaron el archivo de la demanda, convencidos por el demandado de que la reclamación quedaba sin objeto. En cuanto a la actitud de Coito, representante legal del menor, de no dar su consentimiento al intento de reconocimiento extraprocesal, la audiencia cree que "resulta incomprensible y no puede determinar la continuación del proceso".Coito ha presentado recurso de casación ante la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, que el 5 de marzo la admitió a trámite. En el recurso, de 38 folios, el letrado Martín del Río manifiesta que "no es cierto que la hoy recurrente, y consecuentemente el menor, haya conseguido satisfacción extraprocesal alguna". Aporta un certificado del Registro Civil según el cual el hijo de Coito sigue teniendo sólo los apellidos de la madre.
El recurso argumenta que, con los reproches que la Audiencia de Las Palmas hace a Coito por no colaborar con el demandado a eludir el proceso judicial, "le está obligando a renunciar a un procedimiento judicial predeterminado, con derecho a obtener una resolución justa y expresa de la paternidad del menor reclamada ( ... ), por el solo capricho de que el demandado lo haya eludido".
En consecuencia, Coito pide al Supremo que anule la resolución recurrida y, por economía procesal, dicte sentencia que estime la paternidad reclamada.
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