Almunia pide a Aznar que plantee "conflicto de poderes" por los 'papeles del Cesid'

Joaquín Almunia, portavoz parlamentario del partido socialista, recomendó ayer al Gobierno de José María Aznar que "plantee un conflicto de poderes" (de jurisdición) contra la decisión adoptada el sábado por el Supremo de levantar el secreto de 13 de los 16 papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA reclamados por tres jueces. En su opinión, el fallo del tribunal supone un "precedente negativo" y afectará a "la eficacia del funcionamiento de los servicios de inteligencia y al crédito de las instituciones españolas en el extranjero". Almunia, en declaraciones a Servimedia, destacó el cambio de actitud del Gobierno en la desclasificación de los documentos, que atribuyó a la dejación de responsabilidades.

"Es una barbaridad", dijo, por su parte Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, procesado en el caso Marey. En declaraciones a la cadena SER, señaló que él también podría pedir que se desclasificaran documentos del Cesid que le beneficiaran.En cuanto a Xabier Arzalluz presidente del PNV, expresó "la gran alegría" con que había recibido la noticia.

El dirigente nacionalista reconoció que tenía sus dudas sobre que la decisión fuera a ser la finalmente adoptada por que "la información era que los jueces tenían serias presiones, no precisamente gubernamentales, sino de las partes interesadas".

El dirigente de Eusko Alkartasuna Rafael Larrea lamentó por su parte que los papeles no se hubieran desclasificado antes y mostró su confianza en que "sirvan para esclarecer de una vez por todas la trama terrorista de los GAU. Larrea afirmó que, en su opinión, "tenían que haberse desclasificado todos los papeles".

Carlos Iturgaiz, presidente del PP del País Vasco, entiende, por el contrario, que precisamente el hecho de no haber aprobado el levantamiento del secreto sobre los 16 documentos prueba que, tal como ya había señalado su organización, "había algunos que podían poner en peligro la seguridad del Estado, y los jueces también se han dado cuenta de ello". Ramón Jáuregui, secretario general de los socialistas vascos, prefirió no hacer declaraciones.

Quien sí coincidió con las valoraciones de Iturgaiz fue el ministro de Defensa, Eduardo Serra, que, en una entrevista en el diario El Correo, hizo notar que los jueces del Supremo habían entendido también que "había documentos que podían afectar a la seguridad del Estado". Rechazó que la decisión hubiera sido para él "una derrota" y la calificó de "triunfo" del Estado de derecho que "no afecta a la seguridad de España". En cualquier caso, expresó su deseo de "pasar la página de los papeles del Cesid". "Creo", añadió, "que será bueno para todos".Las palabras de Serra no convencieron a Rosa Aguilar, portavoz de IU, que ayer pidió la dimisión del ministro. "Debería pensar en irse del ministerio por que él fue quien no apostó por la desclasifÍcación y quien tiene la responsabilidad en el seno del Gobierno de haberlo propuesto", subrayó.

Aguilar apuntó que con esta decisión el "Tribunal Supremo ha contribuido a que la justicia tenga mayor prestigio y credibilidad".

Justicia y seguridad

Joaquim Molins, portavoz de CiU en el Congreso, afirmó que este caso lo que demuestra es que se debe legislar todo aquello referente a los secretos de Estado. "Si algo queda claro", dijo en declaraciones a Cataluña Radio, es que España no tiene un contenido legislativo que proteja los secretos de Estado ni tiene los organismos adecuados para que la justicia pueda hacerlo sin poner en peligro la seguridad del Estado".El senador de CiU Josep Ferrer insistió en que, en cualquier caso, "ya no se pone en peligro nada", una vez que los papeles han sido publicados "impunemente" a través de varios medios de comunicación.

Pilar Rahola, del Partit per la Independencia, dijo que esta decisión es "una gran noticia para los demócratas". "Nos sentimos en cierto modo legitimados y escuchados", añadió.