Los documentos de mayor relevancia penal no serán entregados a los jueces porque no están en el Cesid

La relevancia de los 13 documentos cuya desclasificación ha decidido el Tribunal Supremo para el avance de las investigaciones judiciales sobre la guerra sucia contra ETA es muy escasa, según los expertos.Más allá de las dudas que puedan plantearse en torno a la autenticidad y el valor probatorio de los papeles del Cesid, lo cierto es que éstos aportan muy poco sobre la trama de los GAL, un grupo al que no aluden expresamente. Los hechos delictivos a los que se refieren, secuestros o "acciones físicas", están formulados como propuestas de cara al futuro y no como descripción de hechos efectivamente ejecutados.

La única excepción la constituye la nota sobre la manipulación de pruebas para ocultar las circunstancias de la muerte de Lucía Urigoitia, pero el autor del escrito, el coronel Perote, ya fue interrogado sobre su contenido por el juez de instrucción de San Sebastián, ante quien declaró que el informe era auténtico, pero que reflejaba un rumor sin confirmar.

Los documentos de mayor relevancia penal son precisamente aquellos cuya desclasificación no ha entrado a debatir el Tribunal Supremo, por la sencilla razón de que el Gobierno asegura que no están ni consta que hayan estado nunca en los archivos del Cesid.

No se trata, en realidad, de documentos, sino de dos cintas magnetofónicas y un sello. Las cintas recogerían sendas conversaciones del agente del Cesid Pedro Gómez Nieto con sus superiores, el coronel Perote, en un caso, y el ex jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo, en otro. Al primero, le describiría la forma en que fueron asesinados Lasa y Zabala y con el segundo hablaría, en dicha grabación, de la preparación de atentados contra etarras en el sur de Francia. El sello que no apareció es un tampón de caucho con las siglas GAL, que reclamó el juez Garzón junto a la lista de los funcionarios del Cesid que supuestamente lo elaboraron.

Límites de la desclasificación

Respecto a los 13 documentos que serán desclasificados, el Gobierno los enviará a los tres jueces que los reclaman -Garzón, Gómez de Liaño y Justo Rodríguez- una vez que, en su reunión del próximo 4 de abril, levante el secreto que pesa sobre los mismos. La sentencia de la Sala Tercera deberá concretar los límites de la desclasificación: si se refiere a la totalidad de los documentos o sólo a una parte y si se reduce al papel propiamente dicho o al asunto abordado en el mismo.Esta última aclaración, aparentemente académica, tiene una gran importancia, ya que es previsible que los tres jueces, una vez que tengan los documentos en. su poder, llamen a declarar a todos los agentes del Cesid que participaron de alguna forma en su elaboración, y el Supremo deberá dejar claro si el levantamiento del secreto afecta o no al testimonio de dichos funcionarios.Además de los tres jueces de instrucción, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que investiga el caso Marey y la fundación de los GAL, reclamará con toda probabilidad los documentos desclasificados. En una reciente resolución, dicha sala ha dejado claro que el hecho de que por ahora no los haya pedido no significa que no lo haga más adelante, previsiblemente de cara al juicio al que se enfrenta la antigua cúpula del Ministerio del Interior.