Dudas razonables y sospechas viscerales

La comparecencia anteayer del ministro del Interior ante la Comisión del Congreso para explicar la detención de Fernando Elejalde, confeso del asesinato en San Sebastián hace una semana del funcionario de prisiones Javier Gómez Elosegui, despejó las dudas razonables existentes sobre las heridas producidas en el forcejeo de su apresamiento, la primera cura recibida en la Casa de Socorro y los posteriores interrogatorios en comisaría; el auto de procesamiento dictado por el juez de instrucción Gómez de Liaño corrobora que las diligencias policiales no violaron el derecho fundamental a la integridad física del detenido.Los asesinatos a sangre fría perpetrados por la banda terrorista no provocan entre sus simpatizantes ni conflictos de conciencia ni sentimientos de piedad: los asistentes a las manifestaciones de HB suelen corear el estremecedor grito de odio: ¡ETA, mátalos!. Según los nacionalistas radicales, la culpa de los asesinatos no la tienen los asesinos sino los asesinados; a lo sumo, el Estado español por no resolver su contencioso con el pueblo.vasco mediante la rendición incondicional ante las exigencias de la banda terrorista (reforma de la Constitución, incorporación forzosa de Navarra al País Vasco, amnistía de los presos sin previa renuncia a las annas, reconocimiento del derecho de autodeterminación, etcétera) para un eventual alto el fuego.

La respuesta de la gente amenazada por la violencia terrorista (decenas de mandos militares; centenares de cargos públicos y políticos profesionales; miles de funcionarios, policías y oficiales; milllones de ciudadanos) se mueve, en cambio, dentro de las fronteras del Estado de Derecho.

Nadie pone en discusión las garantías que deben proteger a los asesinos al ser detenidos, interrogados y juzgados: el mandato del artículo 15 del la Constitución de 1978 ("Todos tienen derecho a la vida, y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes") vincula también a los poderes públicos respecto a los terroristas. Los funcionarios que atropellen de hecho el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral de los asesinos (aunque éstos se lo hayan negado previamente a sus víctimas) serán severamente castigados; el nuevo Código Penal tipifíca como delito la aplicación a los detenidos de procedimientos que les supongan "sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral".

A diferencia de los aquellarres recorridos por el alarido cainita ¡ETA, mátalos!, sería inimaginable una manifestación de los demócratas contra los atentados de ETA que corease la consigna demente: ¡Ertzaintza o policía, tortúralos! Es verdad que no faltaron motivos en estos años para que las sospechas viscerales ocupasen el lugar de las dudas razonables ante las denuncias de malos tratos policiales, tan habituales durante el franquismo. La ruptura pactada entre los reformistas del régimen y la oposición democrática excluyó la posibilidad de proceder a una depuración de los aparatos represivos de la dictadura. Los gobiernos de UCD y del PSOE tampoco desplegaron siempre la energía suficiente para erradicar la práctica de la tortura; durante la etapa socialista algunos altos cargos de Interior taparon. a sus subordinados de manera inadmisible. Tras veinte años de democracia parece llegada la hora, sin embargo, de que las dudas razonables (susceptibles de ser disipadas con datos fehacientes) sustituyan a las sospechas viscerales (inasequibles a los argumentos, como mostró anteayer en el Congreso el diputado del PNV González de Txabarri) a la hora de analizar la veracidad de las denuncias de tortura movidas con mala fe por los activistas de ETA.