El dilema del PNV

En sus declaraciones al diario francés Le Monde, Xabier Arzalluz asegura que el tema clave de la autodeterminación del País Vasco constituye una "buena base para el arreglo del conflicto. Para todos nosotros, nacionalistas, el reconocimiento de este derecho es fundamental". Ejercer ese derecho, sigue diciendo, es otra cuestión porque antes sería preciso decidir quién debe votar y en qué marco geográfico tendría que realizarse la votación, cuestiones que no están por ahora en el orden del día. La cuestión, hoy, es que el Estado español reconozca el derecho de autodeterminación de Euskadi.No siempre ha sido así. No lo fue en el PNV anterior a la guerra civil. Pero no lo fue tampoco, aunque muchos crean lo contrario, en el debate constitucional. El día 21 de julio de 1978, hablando en el Congreso de los Diputados, Arzalluz afirmó que al presentar la enmienda referente al pacto con la Corona, su Grupo no pretendía ningún "escapismo autodeterminatorio", y reconoció explícita y "plenamente la unidad del Estado". Arzalluz dejó "bien claro" que en el reconocimiento, solicitado por su Grupo, de los derechos históricos suprimidos por las leyes abolitorias de los Fueros "no había ni intención autodeterminatoria, ni quitar el techo constitucional, ni salirnos de la Constitución". En todo caso, Arzalluz tranquilizó a sus oyentes diciendo que, fuera cual fuese el resultado final del debate, su Grupo acataría la Constitución, aunque se viera forzado a no aprobarla, y seguiría impasible por la senda democrática, sin tentación alguna hacia la violencia y hacia la coacción. En aquellos no tan lejanos días, el derecho fundamental reclamado por el PNV consistía en "hacer real una autonomía profunda".

El Grupo Nacionalista Vasco no consiguió que se aprobaran sus enmiendas y no votó la Constitución, pero a todo el mundo le quedó la convicción -porque así lo remachó expresamente Arzalluz- de que si la Constitución debía ser algún día reformada, el PNV lo propugnaría utilizando los cauces democráticos que la misma Constitución ofrecía. Autonomía profunda frente a autodeterminación, como objetivo de la acción política; vía democrático constitucional frente a la violencia y coacción, como estrategia para alcanzar aquella meta: eso era lo que se desprendía de las palabras que el señor Arzalluz creía que "debían ser dichas" y que dijo "con toda el alma" en aquel debate.

¿Qué ha cambiado en estos veinte años para que el PNV haya girado tan decisivamente en su identificación del conflicto vasco y de las vías para su arreglo? No que el Estado no haya institucionalizado una "autonomía profunda" en Euskadi; tampoco que se haya cegado la vía democrática de reforma de la Constitución, nunca intentada. En realidad, lo único nuevo es que la violencia se ha consolidado como una estructura de la vida diaria del País Vasco y ha destrozado su comunidad político-moral. Hoy la sociedad vasca vive bajo un aparato coactivo de indefinida perduración que disputa al Estado, con relativo éxito y eficacia, el ejercicio de la violencia legítima.

Como respuesta a este hecho, el PNV cree que puede reconstruir la comunidad moral vasca -expresada en el sujeto colectivo "todos nosotros, nacionalistas"- elevando su reivindicación inmediata de la autonomía a la autoderminación. Para jugar ese papel, se ha situado en un terreno alejado por igual de ETA y del Estado y al margen de la vía democrático-constitucional de reforma de la Constitución. De ahí los titubeos en su política policial; de ahí la pretensión de "tender puentes" organizando visitas que sitúan en pie de igualdad a sus interlocutores. Pero de ahí, sobre todo, que perciba hoy la salida del conflicto como negociación incondicional entre dos violencias enfrentadas, ETA y Estado. Con eso, el PNV olvida un punto crucial: que en cuanto gobierna parte del Estado, él es también Estado. Mientras más tiempo tarde en reconocerlo, más enquistado tendrá el conflicto que trata de resolver.