El juez implica al anterior jefe de policía de Zaragoza en una amplia trama de corrupción
El juez Carlos Lasala, que instruye el sumario sobre una trama de corrupción policial en Zaragoza, ha implicado al comisario Francisco Lázaro Moreno, jefe superior de policía en la capital aragonesa entre 1988 y 1996, en el cobro de comisiones ilegales y en delitos de prevaricación que beneficiaron supuestamente a políticos, empresarios y otros personajes de la vida social. Paradójicamente, fue el propio Lázaro quien inició las investigaciones sobre la trama y las llevó ante el juez. Las revelaciones actuales son, según fuentes policiales, tan sólo la "punta del iceberg" de una amplia red de corrupción.
Los hechos se recogen en el sumario que, desde hace un año y medio, instruye el titular del Juzgado número 1 de Zaragoza cuyo secreto fue levantado el viernes por la tarde. En los he chos ahora públicos, aparecen involucrados Luis García Nieto, que fue primer teniente de alcalde de Zaragoza y concejal durante cuatro legislaturas; José Luis Motilva, destituido en 1989 como secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón; el constructor Pablo Tabuenca y las sociedades Mapfre e Ibercaja. En el voluminoso sumario se menciona por diferentes testigos a José Luis Martínez Candial, ex presidente de Ibercaja y las empresas Segurpol y Segurcoob, responsable de la seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona.Hace dos meses, cuando se decretó nuevamente el secreto sumarial, ya fue imputado el se nador socialista Carlos Piquer, por presunto tráfico de estupefacientes y por pagar servicios de prostitutas con una tarjeta de crédito del grupo socialista de las Cortes de Aragón, lo que provocó su expulsión del PSOE. El partido le hizo devolver las 80.000 pesetas gastadas indebidamente. Pese a su expulsión del PSOE, se negó a dejar sus escaños en el Senado y en el Parla mento aragonés, y se integró en el Grupo Mixto. Está pendiente de concesión el suplicatorio pedido por el juez.
El juez ordenó entonces de nuevo el secreto de las actuaciones, basándose en. revelaciones que calificó de importantes, que le han llevado a implicar ahora a Francisco Lázaro en los delitos de cobro de comisiones y prevaricación. El juez estima probado que, como jefe superior de Poli cía de Zaragoza, Lázaro ordenó parar las investigaciones que, so bre evasión de dinero y otras actividades ilegales, se seguían con tra García Nieto. En el sumario se dice que "supo personalmente y por conducto oficial de Interpol-Canadá a Interpol-España que el señor García Nieto manejaba en Canadá tan grandes cantidades de dinero que no podían ser de procedencia lícita".El juez Carlos Lasala considera que Lázaro "trasladó forzosamente al inspector Ceitegui" a la Brigada Móvil porque "esforzadamente pretendía investigar esas actividades presuntamente irregulares del señor García Nieto". El juez, que no ha conseguido el fax de Interpol en los archivos policiales, lo ha reclamado a la central europea de París.José Luis Motilva, destituido en 1989 como secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón por las irregularidades cometidas en la concesión de licencias de máquinas tragaperras, también aparece en el sumario como beneficiario de las actuaciones de Lázaro. Motilva mantenía relaciones sentimentales con una de las hijas de un empresario de maquinas tragaperras que obtenía él mismo, o las personas que recomendaba, las licencias para esta actividad.
Según Carlos Lasala, el jefe superior de Policía tuvo una actuación "omisiva" al negarse a investigar un presunto delito de malversación de caudales públicos. El caso Motilva, en el que además de irregularidades en el juego aparecieron otras relacionadas con permisos de residencia tranieras y prostitución, nunca llegó a los tribunales.
El prolijo auto sobre Lázaro recoge que la Cooperativa Saracosta, creada por mandos policiales a comienzos de los noventa para comprar vehículos Opel a bajo precio, y de la que era miembro el jefe policial, recibió comisiones de Mapfre (de baja cuantía) e Ibercaja. Uno de los testigos menciona al entonces presidente de la entidad de ahorro, José Luis Martínez Candial, en relación con las empresas de seguridad Segurpol y Segurcoob y el pago de comisiones. El juez ha remitido un oficio a Ibercaja en el que pide datos sobre estas entidades.
En el auto se recoge, finalmente, que Lázaro cometió otro delito en relación al sumario por estupro instruido contra el constructor Pablo Tabuenca y por el que fue condenado, al probarse que realizó tocamientos con una de sus secretarias y que la despidió cuando le denunció. El juez recoge que, según un inspector jefe, de aquel sumario desaparecieron las denuncias de otras cuatro chicas, también empleadas del constructor y que decían igualmente que sufrieron acosos sexuales.
El juez Lasala considera que todos estos hechos, al igual que, sucedió con los relativos al senador Carlos Piquer, aunque han surgido durante la instrucción del sumario sobre la trama de corrupción policial, no tienen relación directa y, por tanto, ha solicitado al juzgado decano que proceda al reparto de las diferentes causas.
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