El Gobierno acota las funciones de la Guardia Civil y la policía en Barajas para evitar nuevas pugnas

La Delegación del Gobierno ha decidido poner fin al desbarajuste de competencias entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en el aeropuerto de Barajas. Para ello ha sentado a una misma mesa de negociación a los responsables de ambos cuerpos y ha presentado esta semana una instrucción que acota milimétricamente sus funciones. La medida, como señala la orden, pretende evitar las "situaciones de conflicto" que se han vivido en el aeródromo por la creencia de que un cuerpo "invadía las competencias" de otro. La Unión Federal de Policía (UFP) considera que con esta reforma, lejos de apagarse un foco de tensión, la policía puede perder poder a favor del "expansionismo" de la Guardia Civil.

Fuentes cercanas a las negociaciones reconocen que el aeropuerto es uno de los frentes de la batalla de competencias abierta en Madrid entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Una tensión ejemplificada en los incidentes del Tribunal Supremo-donde en febrero la Guardia Civil impidió a la Policía Nacional investigar el subsuelo por ser terreno suyo- y en las protestas policiales por la asignación a la Guardia Civil de la custodia de los edificios de la Comunidad.

En este ambiente enrarecido, la última chispa saltó el pasado jueves en la terminal de salida de pasajeros del aeropuerto. Allí, según la UFP, la Guardia Civil ordenó a dos agentes de la Policía Nacional que se retirasen porque estaban fuera de su territorio. Los policías pidieron explicaciones y el guardia les señaló que estaban cumpliendo órdenes de un capitán. Ante estos hechos, un inspector jefe de la Policía Nacional se dirigió al citado capitán, quien, según la UFP, le respondió con insultos. El policía elevó informe de lo sucedido a sus superiores.

"Queremos saber si este comportamiento será corregido. La Delegación del Gobierno tiene que mediar y poner fin a la expansión de la Guardia Civil. La descoordinación es real y superior a lo que se piensa", señaló un portavoz de la UFP, para quien la instrucción es insuficiente. "Simplemente, corta por parcelas el aeropuerto", añadió el citado portavoz.

La instrucción intenta despejar el marasmo normativo en que estaba sumido el reparto de funciones en el aeropuerto. También pretende acabar con la duplicidad de tareas y los conflictos por "invasión de competencias" que se originan al calor de la citada confusión legal.

Así, quedan en manos de la Guardia Civil, con 400 agentes, el pabellón de Estado, la sala de autoridades, la zona de tránsito internacional, la custodia del recinto aeroportuario, los almacenes y las pistas, y el control de los equipajes facturados y la fiscalización del movimiento de las mercancías.

La Policía Nacional, en cambio, con 300 agentes, se encargará del control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, incluidas las diligencias por inmigración ilegal. El control del tráfico de drogas y la detención de narcos quedan divididos en función de la zona donde sean descubiertos -sin perjuicio de las actuaciones dirigidas por orden judicial, que tendrán prioridad"En caso de conflicto de competencias se hará cargo del servicio el cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones", concluye la instrucción.