El alcalde rechaza el decreto de Ruiz Gallardón sobre las funerarias

La consejera de Sanidad, Rosa Posada, asegura que el reglamento no ha sido redactado para regular el régimen económico o administrativo de la funerarias, "sino su ámbito sanitario", informa José Manuel Romero. Posada afirma además que la Comunidad no quiere inmiscuirse en las competencias municipales.El proyecto regional establece, en su capítulo III, que las funerarias, "para poder cumplir sus fines sin riesgos para la salud de la población", sólo necesitan contar con "personal idóneo suficiente, dotado de medios y ropa adecuada, medios para el traslado de cadávares, ferétros y demás material funerario". También, y de forma genérica, se les exige "medios precisos para la desinfección de vehículos, enseres, ropa y demás material, junto con "vestuarios, duchas y servicios sanitarios".

En ningún momento se hace referencia al número de operarios mínimo con los que deberán contar, ni cuántos vehículos o féretros serán necesarios para comenzar a trabajar. El Ayuntamiento de Madrid, en su fallida ordenanza, sí daba cifras mínimas.

Futuras modificaciones

El concejal de Sanidad, Simón Viñals, reconoció ayer que el Ayuntamiento ya ha pedido a la Comunidad la modificación del reglamento. "Porque, tal y como está redactado, no nos convencía. La consejería se ha comprometido a modificarlo", dijo el edil.Las competencias por las que Comunidad y Ayuntamiento disienten pondrían entre la espada y la pared el monopolio del Ayuntamiento. El año pasado, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios-donde el Ayuntamiento tiene el 51% de las acciones-, ganó unos mil millones de pesetas, según su gerente, Juan Antonio Valdivia.

Sin embargo, estos beneficios fueron un 32,5% inferiores a los de 1995, ejercicio que cerró con un superávit de 1.481 millones. Las pequeñas funerarias de los municipios de los alrededores de Madrid consiguieron arañarle el año pasado al Ayuntamiento 4.069 muertos de los 25.281 fallecidos en Madrid. Varias sentencias judiciiales les apoyan.

El diputado socialista Armando García comentó ayer que este proyecto del gobierno regional pone al Ayuntamiento de Madrid contra las cuerdas: "La verdad es que esto es un desmadre. Por un lado, el Gobierno central liberaliza, el Ayuntamiento recorta y Ruiz Gallardón vuelve a abrir la puerta a la privatización. Y eso que son todos del mismo partido. Y esta absurda situación se produce porque el Ayuntamiento vendió al capital privado en 1992 la mitad de la funeraria por la ridícula cantidad de 100 pesetas. Ahora sus socios en la empresa les exigen seguir manteniendo el negocio. Si el Ayuntamiento no hubiera vendido la funeraria y hubiera mantenido el servicio público, no nos encontraríamos ahora ante esta situación: los servicios más caros de España y un futuro incierto".