Los 155 'okupas', acusados de usurpación de vivienda, desórdenes y resistencia

El centenar de jóvenes que ayer se manifestó delante de los juzgados de la Plaza de Castilla para pedir la libertad de los detenidos se quejaba de que se mantenga en comisaría a los 70 okupas que se resistieron de forma pacífica al desalojo.También. aseguraban que en el resto de detenciones existió una gran arbitrariedad: "Veían a alguien con pinta de joven y lo arrestaban". Según su criterio la masiva redada tiene un carácter de castigo ejemplar "para aplastar el movimiento okupa en lugar de buscar soluciones a los problemas de vivienda y de falta de locales de reunión para la gente joven".

El delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, considera que la actuación policial del lunes "fue impecable" y niega su carácter ejemplarizante: "Ni por lo más remoto, a primera hora hubo algarabías y tuvo que intervenir la policía, se ha procurado actuar haciendo el menor daño posible a las personas". Justifica el elevado número de detenidos "en que es una de las okupaciones en las que más gente ha participado tanto desde dentro como desde fuera del edificio".

La Delegación del Gobierno no dio, sin embargo, ninguna explicación sobre el hecho de que en los primeros enfrentamientos del lunes, hacia las 7.30 horas junto al edificio okupado, uno de los agentes de la Policía Nacional llegase a esgrimir su pistola reglamentaria y a apuntar con ella.

La valoración del delegado sobre la actuación policial no fue compartida por otros partidos y asociaciones. Así, el grupo de IU en la Asamblea denunció "la detención indiscriminada, en distintos puntos de la ciudad, de más de 80 jóvenes que acudían en apoyo de los desalojados, sin prejuzgar el alcance de los actos violentos que hubieran podido ocasionar" y que IU condenó.

IU también criticó el tratamiento dado en comisarías a los familiares de los detenidos "que, en ningún momento recibieron razón del paradero de los jóvenes".

En su último Consejo Político Federal, celebrado en diciembre, IU aprobó la necesidad de una reforma del artículo del Código Penal (el 245) que castiga la okupación con multas de tres a dieciocho meses, según se utilice o no la fuerza para asaltar el inmueble. En ese mismo sentido se ha manifestado en varias ocasiones Jueces para la Democracia.

Por su parte, el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid considera que la okupación "responde a un problema social y, por tanto, no puede solucionarse a través de la represión". "La aplicación estrecha de la ley (no de su espíritu) lleva irónicamente a defender los derechos de quienes tienen sus propiedades abandonadas durante años con vistas a la especulación", añaden.

Pro Derechos Humanos

Asimismo, el vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), Luis Otero, manifestó ayer que el desalojo "fue desproporcionado". "Reafirma la defensa del sacrosanto principio de la propiedad privada, aunque esa propiedad no esté siendo utilizada para nada y represente un bien común que debiera tenerse en cuenta", concluye Otero.El Sindicato de Estudiantes considera que "es una vergüenza que el Estado responda con la violencia a la legítima aspiración de una vivienda digna de locales donde los jóvenes podamos reunirnos, debatir, hacer actividades o poner música".

Sin embargo, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, afirmó, refiriéndose a los okupas: "No son personas que necesiten vivienda, sino movimientos de otro tipo que ocupan indebidamente la propiedad privada y molestan a los vecinos", segun informa Europa Press. Alvarez del Manzano llamó por teléfono al concejal del distrito de Salamanca, Fernando Martínez Vidal, "para agradecerle su trabajo y colaboración".Este edil tachó el lunes a los okupas de "delincuentes comunes" y les acusó de "hacer negocio organizando fiestas satánicas y antifascistas". Ayer insistió en la idea asegurando que lo de las fiestas satánicas no es algo inventado, ya que, según afirma, tiene en su poder carteles anunciadores de tales fiestas. También aseguró que los incidentes callejeros por el desalojo, que cobraron especial intensidad en las zonas de Ventas y Alcalá donde jóvenes encapuchados destrozaron las lunas de 15 bancos, han provocado daños de hasta 4 millones en el mobiliario urbano.

Las declaraciones de Martínez Vidal levantaron fuertes críticas de IU, que pide su dimisión, y del Consejo de la Juventud. Un grupo de once padres emitió un comunicado criticando la actitud del concejal: "Nos consta su funcionamiento del centro social y cultural a lo largo de 1996 con actividades diversas como exposiciones, conciertos, teatro,...", afirman.