Oposición jurídica a suprimir el derecho de asilo entre países de la UE para excluir a terroristas

Juristas y expertos en derechos humanos han manifestado su oposición a la iniciativa del Gobierno, mantenida por su ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, de suprimir el derecho de asilo entre los 15 Estados de la Unión Europea (UE) -ya planteada por el Gobierno socialista en su día- y de afrontar una reforma de la Constitución española, en ese sentido. Todos los consultados aceptan que los terroristas sean excluidos de ese derecho, pero niegan que la medida deba conducir a eliminarlo en el Tratado de Maastricht y en las constituciones europeas.

Manuel Díez de Velasco, catedrático de Derecho Internacional, ex magistrado del Tribunal. Constitucional y ex juez del Tribunal Europeo de Luxemburgo, cree que "a algunos países europeos les costaría mucho aceptar la supresión del derecho de asilo". En su opinión, "aunque sea razonable oponerse a la negativa, entre Estados de la UE, a entregar nacionales alegando que son delincuentes políticos, ningún Estado va a suprimir el derecho de asilo".Díez de Velasco considera difícil que se reforme en este punto el Tratado de Maastricht y estima que, "aunque se revisara, ello no obligaría a reformar la Constitución española". Recuerda que la norma fundamental declara que "la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar", enfatiza, "del derecho de asilo en España". En consecuencia, según este experto, "Ios cambios a introducir afectarán a la ley, pero no es necesario cambiar la Constitución".

Matutes, mal alumno

Cuando se indica a Díez de Velasco que el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, se ha manifestado dispuesto a reformar la Constitución en esta materia, el veterano internacionalista comenta: "Siento que lo diga Matutes porque fue alumno mío".

Juan María Bandrés, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), tras presentar recientemente en Madrid la conferencia Por una Europa de los, derechos cívicos y sociales, mostró su indignación por que "se pretenda invocar la democracia y el antiterrorismo par a cambiar la Constitución y el Convenio de Ginebra". Además de considerar que excluir a los terroristas del derecho de asilo no justifica la eliminación de este derecho, Bandrés recordó que "existen otras persecuciones y, actitudes hostiles -por ejemplo, contra grupos homosexuales o raciales- que merecen la existencia en Europa del derecho de asilo".

El secretario general de CEAR, Juan José Rodríguez Ugarte, advierte además que debe tenerse en cuenta "Ia próxima incorporación a la UE de países de la Europa el Este con menos tradición democrática". Asimismo, expone que el Convenio de la ley española de asilo ya excluyen a los terroristas de ése derecho. "Pero el Gobierno se conforma con que no se conceda, sino que quiere que ni siquiera se permita la petición de asilo; lo que plantea es eliminar el acceso a un tribunal", explica. Y termina preguntándose: "En tonces, ¿quién va a decidir que quien invoca el derecho de asilo es terrorista?".

Por su parte, Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, vicepresidente de CEAR y autor de El derecho de asilo y otra obra sobre el Tratado de Maastricht, se opone a la reforma de la Constitución en este punto y rechaza enérgicamente la supresión del asilo entre los Estados de la UE. "No puede partirse de la base", aduce, "de que ningún país europeo dará motivo para un ciudadano invoque el derecho, de asilo".

López Garrido razona que la eliminación del derecho de asilo en la UE "llevaría al contrasentido de que un ciudadano euoropeo no pudiera invocarlo en Europa y si en una dictadura extraeuropea que haya firmado el Convenio de Ginebra".

Otro catedrático de Derecho Constitucional, Guruzt Jáuregui, considera "una barbaridad jurídica y política" suprimir el derecho, de asilo en Europa para impedir que los terroristas Io disfruten. Se explica así: "Barbaridad jurídica, porque significa echar por la borda una institución tradicional del Estado de, derecho, y política, porque es matar moscas a cañonazos y darle a, ETA una importancia que no tiene".

José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo y ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, resume el criterio de los consultados: "Por muy perfecto que sea un sistema democrático, siempre quedan resquicios a través de los cuaIes puedan lesionarse derechos fundamentales de personas o grupos, por lo que no debe descartarse radicalmente la posibilidad del asilo, aunque sea descartable concederlo en casos de terrorismo. Y para eso no es necesario cambiar un ápice la Constitución".