Renault como oportunidad

Paradójicamente, el conflicto de Renault en Bélgica puede servir para multiplicar el debate sobre la Europa social, mucho más que las declaraciones evocadas hasta ahora. El asunto es el siguiente: la pasada semana, el presidente de la multinacional francesa, Louis Schweitzer, anunció sin previo aviso el cierre de la factoría de Renault en Vilvoorde (Bélgica), lo que significa la pérdida directa de más de 3.000 puestos de trabajo. Ello abrió una polémica subsidiaria sobre si parte de la producción belga iba a ser trasladada a la factoría de Renault en Valladolid, que había demandado ayudas oficiales para hacer una inversión mayor que la ampliase y modernizase; es decir, si se puede hacer una deslocalización, beneficiándose de subsidios gubernamentales.Las reacciones a la decisión del patrón de Renault no se hicieron esperar: las políticas, del presidente de la Comisión Europea ("un duro golpe al espíritu de confianza europea") a los ministros belgas ("un acto de terrorismo"), pasando por las de los propios Juppé y Chirac (la empresa sigue teniendo un 46% de su capital en manos del Estado francés), y las irritadas, del comisario europeo Van Miert (de nacionalidad belga), encargado de controlar las ayudas públicas. En segundo lugar, las reacciones de los consumidores belgas, que intentan un boicoteo a los productos de la empresa (automóviles y camiones pesados). Por último, la protesta de los sindicatos, que el pasado viernes organizaron una eurohuelga en todas las factorías de Renault y anuncian nuevas movilizaciones.

El brutal anuncio del cierre en Vilvoorde (al que se une el despido de más de 2.700 trabajadores de Renault en Francia) viola las directivas europeas (por ejemplo, una de septiembre de 1995 que recomienda a los grupos de más de 1.000 asalariados crear un comité de empresa a escala continental, que no tendrá poder de decisión, pero que debe ser informado regularmente de la estrategia del grupo por la dirección del mismo) y desprecia la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores -adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre de Estrasburgo en 1989-, que indica que los trabajadores deben ser informados, consultados y participar "en los procedimientos de despido colectivo".

Las razones aludidas por Schweitzer para echar la llave de la fábrica belga son de peso: pérdidas del grupo en 1996 de más de 100.000 millones de pesetas y que "el coste final de un vehículo en Vilvoorde es casi un 30% más elevado que el de los fabricados en Francia y aún más que en España". Ello replantea la deslocalización en una economía global: lo que hoy ha pasado en Bélgica puede suceder mañana en España, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones laborales que ofrecen muchos de los PECO (países de Europa central y oriental). Hace cuatro años, la empresa Hoover dejó la zona industrial de Dijon (Francia) para instalarse en Escocia; en aquel momento no hubo conflictividad porque Hoover no disponía de organización sindical de tamaño europeo. Recientemente, Ford quiso cerrar su fábrica en HaLwood (Inglaterra), pero los sindicatos han logrado evitarlo.

El cierre automovilístico en Bélgica y los despidos franceses han sensibilizado a una sociedad europea herida por el paro. La UE sólo será aceptada por los ciudadanos si es social y demócrata. El caso de Renault demuestra que por el momento, de la Europa unida, sólo funcionan las superestructuras (la convergencia nominal) y que existen pocos resortes institucionales (la convergencia real) para corregir los excesos. Europa no es sólo la moneda única sino su modelo social, que contempla no sólo la competitividad, sino la protección social y el empleo. Si la primera desequilibra a los otros dos, el proyecto no funcionará.