La Seguridad Social niega los datos para embargar nóminas

Nuevo tropezón del Ayuntamiento en su afán por cobrar multas y tributos a los ciudadanos morosos. La Seguridad Social negó ayer al consistorio cederle lo s datos necesarios para poder embargar las nóminas, solicitud efectuada hace unos meses por el concejal de Hacienda, Pedro Bujidos. La Seguridad Social dice que ha basado su decisión en la opinión de la Agencia de Protección de Datos, a la que ha consultado. Esto supone un respiro para los morosos y un nuevo contratiempo para el Ayuntamiento, que en 1995 sólo pudo cobrar 600 de los 40.000 millones que podría haber recaudado en concepto de multas, según sus propios datos.Hace seis meses, según el concejal de Hacienda, Pedro Bujidos (PP), el municipio había solicitado a la Seguridad Social un dato crucial para embargar los sueldos de los morosos: la empresa en la que trabajan. Con esta información en la mano, el Ayuntamiento podía acudir directamente a la nómina del infractor e ir descontando mes a mes sumas determinadas hasta que se saldara por completo la deuda.

La ley lo permite, según Bujidos, siempre y cuando no se embargue el sueldo a ningún pensionista o jubilado, o a ninguna persona que cobre menos del salario mínimo interprofesional (66.630 pesetas). Pero para esto es necesario, primeramente, conocer el origen de las nóminas. Por eso acudió Bujidos a la Seguridad Social.

Sin embargo, según fuentes de este organismo, la dirección general de Tesorería se niega a proporcionar los datos: "Se recibe del Ayuntamiento de Madrid la solicitud. Concretamente, se nos pide la razón social [empresa en la que trabajan] y los domicilios de los madrileños. Con carácter general [lo que permitiría hacer lo mismo en otros Ayuntamientos], esta dirección general solicitó la opinión de la Agencia de Protección de Datos, 3, la respuesta que da la Agencia se entiende por negativa. Por lo tanto, la dirección general de Tesorería no entregará esta información al Ayuntamiento".

Cobrar las multas de tráfico se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el municipio. Por ejemplo, hasta septiembre del año pasado, los agentes ponían al día, de media, 12.000 denuncias (incluidas las de la ORA). De ellas, no se llegaba a cobrar ni el 8%.

Dado el bajísimo índice de recaudación en este concepto, el concejal de Hacienda propuso que fuera una empresa privada la que se encargara de notificar las denuncias. El equipo de gobierno aceptó, y en septiembre la multinacional norteamericana Electronic Data Systems (EDS) empezó a entregar las denuncias en los domicilios de los infractores madrileños. El aluvión de irregularidades (testigos falsos, notificaciones amañadas y 2.000 millones perdidos por multas mal tramitadas) provocó un nuevo fracaso.

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