Las insinuaciones políticas del 'caso Argentia'

Todo comenzó en los primeros días de abril de 1994. El periodista Sebastián Tobarra, de la redacción de EL PAÍS de Barcelona, obtuvo una información relevante. Una fuente ajena a Banesto dio cuenta de que existía una extraña factura de julio de 1990 por valor de 600 millones de pesetas pagada a una sociedad llamada Argentia.La noticia fue publicada el jueves 7 de abril de 1994 en la portada del periódico, a dos columnas por abajo. La información era que esos 600 millones habían sido abonados por presuntos trabajos realizados para la salida a Bolsa de la Corporación Industrial y Financiera Banesto. La fuente dijo que la factura no se correspondía con la realidad. Al indagar en Banesto por los trabajos presuntamente encargados se dijo que no existía constancia alguna.

El mismo jueves 7 de abril, el diario El Mundo publicó en su página 64, una referencia a la Información de EL PAÍS, citando a este periódico. Durante las horas siguientes, el entorno del ex presidente de Banesto Mario Conde, algunos de cuyos colaboradores todavía trabajaban en el banco intervenido, se movilizó. El resultado fue que El Mundo volvió el sábado 9 de abril sobre el asunto de los 600 millones. La nueva versión: Banesto había pagado el dinero a Antonio Navalón, asesor de Conde en aquellos años, para que consiguiese las exenciones fiscales solicitadas para crear la Corporación Industrial y Financiera Banesto. Navalón, consultado por el citado diario, negó tener relación alguna con Argentia Trust y aseguró que no había cobrado los 600 millones.

El juez Miguel Moreiras había indagado en octubre de 1993, antes de la intervención de Banesto, sobre otras dos facturas pagadas por el banco. Se trataba del abono de dos facturas, de 22,4 millones de pesetas cada una, a la presunta empresa de publicidad en taxis llamada Publitax. El concepto de las facturas presentadas el 15 de marzo de 1991, era: "Importe del Estudio sobre las repercusiones de la crisis del Golfo Pérsico en el sector de la construcción e inmobiliario de Madrid y área metropolitana". El director general de Servicios del banco, Fernando Garro, firmó la factura, autorizando el pago.

Fue así que al ver las informaciones de los dos periódicos sobre Argentia Trust, el juez Moreiras hizo nuevas diligencias uniéndolas al asunto Publitax. Nacía el caso Argentia, que reúne asuntos cuya única conexión entre sí es Banesto.

El juez Moreiras citó a declarar a Conde sobre el pago a Argentia Trust en el mes de julio de 1994, pero como el ex banquero se hallaba de vacaciones en la Costa Amalfitana, Italia, logró posponer su comparecencia hasta el 18 de octubre de 1994. Pero antes de marchar, Conde había conseguido entrevistarse con el presidente del Gobierno, Felipe González, el 20 de mayo de 1994, en La Moncloa. Se sentía fuerte. El 27 de junio, relanzó su imagen. En una entrevista a El Mundo, al referirse a Argentia Trust, el ex banquero dijo: "Había que vencer el clima político creado por Solchaga contrarió a la concesión de exenciones fiscales a la Corporación Industrial. Nosotros necesitábamos asesoramiento, pagamos 600 millones y conseguimos las exenciones. Eso es todo".

Mientras tanto, Navalón, citado para septiembre de 1994, pidió a Moreiras adelantar su declaración como inculpado. Declaró el 20 de julio de 1994. Negó estar vinculado a Argentia Trust y rechazó la imputación de haber negociado las exenciones fiscales así como el cobro de los 600 millones.

El juez Moreiras intentó por todos los medios inculpar a Antonio Navalón en el caso. Pero el fiscal mantuvo la acusación sólo contra Conde. El 11 de octubre de 1995, en lugar de abrir juicio oral contra el ex banquero, dictó un auto de prisión que quedó en aguas de borrajas. Según Moreiras, Conde le convenció de que había dado los 600 millones de pesetas a Navalón para pagar al PSOE por las exenciones fiscales solicitadas, pero ambos acordaron que esto no debía constar en la declaración.

Mario Conde está acusado de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil, por los que el fiscal solicita una pena de siete años de prisión. Los acusados de las facturas de Publitax, Fernando Garro y Lorenzo Pericats, se enfrentan a una petición también de siete años cada uno.