Un peldaño más

HACE POCO más de un mes este periódicopublico una amplia información bajo el título Objetivo: acabar con Polanco.En ella se desvelaba la operación de acoso y derribo que el Gobierno había emprendido a propósito de la plataforma digital contra el Grupo PRISA, con EL PAÍS como objetivo final. Para evitar cualquier contaminación paranoica, contamos esa trama utilizando casi exclusivamente el material publicado por un periódico de Madrid que se ha sumado con tanta euforia a la operación que ya no se distingue bien si es el que traza la estrategia o el que la narra. Nuestro intento de objetivar el caso recibió no pocas críticas. Algunas, interesadas, de los propios conjurados, estaban descontadas. Otras, de lectores nuestros,acostumbrados a pensar por cuenta propia, nos han preocupado y han dado pie a intensos debates entres los periodistas que hacemos este diario con independencia profesional desde hace 20 años. Lamentablemente, los acontecimientos de esta semana han venido a refrendar lo que entonces dijimos.Pasa a la página 12

Viene de la primera página

En los seis últimos días han ocurrido los siguientes hechos:

1. El director de la revista Época presentó el lunes en la Audiencia Nacional una denuncia contra los responsables de Sogecable (antes Canal +) por apropiación indebida y estafa, entre otros delitos. Por lo que el propio denunciante ha hecho trascender, la acusación estaría apoyada en los artículos publicados en su revista sobre la base de un estudio jurídico-mercantil de las -cuentas públicas de Sogecable, todas ellas inscritas en el registro y depositadas año a año en el Ministerio de Fomento. La propia revista ha publicado que ese estudio obra en poder del Gobierno.

2. La denuncia se adjudica por reparto el mismo lunes al titular del Juzgado Central número 1, Javier Gómez de Liaño, que 24 horas después decide abrir un procedimiento penal sin solicitar al fiscal un informe previo de competencia, trámite no obligatorio, pero habitual en casos en los que es discutible la instancia judicial que debe entender de un caso.

3. Un abogado y profesor de Derecho Financiero, en ejercicio de la acción popular, presenta el jueves una querella contra los 20 consejeros de Sogecable y el auditor de sus cuentas con las mismas acusaciones y los mismos juicios de valor que figuraban en la denuncia anteríor.

4. El juez instructor admite la querella a trámite el viernes porque "coincide en esencia" con el texto de la denuncia anterior. No podía ser de otra manera cuando los dos escritos beben de la misma fuente: varios artículos publicados en Época y El Mundo.

5. El magistrado rechaza el procedimiento habitual de dar traslado a la querella a través de los abogados y decide notificarla personalmente, invocando el artículo 118.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para ello cita esa misma tarde en su juzgado a la mitad del consejo y a la otra mitad para ayer, sábado. Varios consejeros, entre ellos los cinco que representan a Canal + Francia y que residen *en el país vecino, no pueden personarse. La noticia de la citación convoca, lógicamente, a todos los medios a las puertas de la Audiencia, sobre todo una vez conocido que el auto del juez prohíbe salir de España sin su autorización a Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián, José María Aranaz -presidente, consejero delegado y secretario general de Sogecable- y al auditor de las cuentas de la sociedad.

Hasta aquí la secuencia judicial. No está demás destacar que ningún escrito acusatorio invoca hechos des conocidos ni operaciones ocultas, por mucho que algunos -muy especialmente la televisión y la radio públicas- traten de enmarcar esta actuación judicial en el contexto de otros sumarios que se sustancian ante la Audiencia Nacional por delitos económicos, especialmente los que afectan a Javier de la Rosa y Marío Conde. No parece casual que este último tenga que sentarse en el banquillo de los acusados mañana mismo por el denominado caso Argentia. Basta una ojeada a la mancheta que encabeza este espacio editorial para comprobar que los tres consejeros de Sogecable a los que el juez prohíbe salir de España sin su visto bueno ocupan idénticas responsabilidades -presidente, consejero delegado y secretario generalen la sociedad editora Diario El País, SA. Estamos seguros de que esa coincidencia es la que buscan quienes han puesto en marcha esta operación. Pero estamos igualmente seguros de que se trata de una acusación falsa que se desmontará en el terreno de la justicia.

En 20 años de ejercicio de un periodismo independiente y libre nunca hemos flaqueado en nuestro compromiso con el Estado de derecho y en nuestra confianza básica en el sistema judicial. Por serias que hayan sido a veces nuestras discrepancias con decisiones concretas, también de los jueces, que hemos expresado de forma contundente cuando nos ha parecido oportuno, siempre hemos creído que nuestra arquitectura judicial tiene las debidas garantías para defender los derechos de todos. También, desde luego, los de aquellas personas que son falsamente acusadas.

Nuestra seguridad de que se trata de un caso falso no nos impide ver también que puede tratarse de un caso largo y que los instigadores últimos buscan, antes que la condena penal, el daño que causa el procedimiento mismo a los querellados. Entre ellos figuran quienes fundaron este periódico y aseguraron su indepeñdencia. No nos cabe la menor duda sobre su honorabilidad, cuya mejor prueba son sus 20 años de gestión en EL PAÍS. Estamos seguros de que este juicio es extensivo a todos los consejeros de Sogecable y que así se demostrará ante los tribunales.

Más allá de alguna discusión mercantil de carácter técnico que pretende trasladarse falazmente al ámbito penal, ¿cree alguien seriamente que peligra la solvencia financiera de Sogecable? Justamente: porque se trata de un buen negocio, que gana dinero y que ha decidido invertir 65.000 millones en la plataforma digital, ha desatado el Gobierno durante las últimas semanas lo que ya se conoce como la guerra digital Entre los accionistas de Sogecable están el primer grupo de comunicación de este país, el mayor banco y el líder europeo de la televisión de pago. Los cinco consejeros; que representan a Canal + Francia, incluido su presidente, figuran en la lista de querellados. Esta empresa participa en media docena de canales de otros tantos países europeos, con más de ocho millones de abonados, sin que nadie le haya planteado hasta hoy un pleito de esta naturaleza. Puede que se deba a la clásica singularidad española, pero estamos seguros de que miestra justicia es plenamente homologable a la europea.

En medio de este paisaje suena a excusa no pedida la proclamación que hizo ayer el vicepresidente Álvarez Cascos de que el Gobierno nada tiene que ver con el tema. La simple duda debería ofenderle, aunque estaría bien que despejara una duda: ¿qué ha hecho con ese informe que, según Época, tenía en su poder el Gobierno y que ha dado pie a este pleito?