El Tribunal Supremo luso consideró fundamentados los hechos imputados al etarra

El Tribunal Supremo portugués que rechazó la extradición a España del presunto etarra José Luis Telletxea Maia basa su decisión en que "los hechos imputados" no estaban, "suficientemente fundamentados y son muy vagos", según fuentes oficiales del citado tribunal. El resultado de la sentencia fue comunicado a las partes en la tarde del pasado miércoles y el texto completo, redactado, a mano, será entregado a los abogados el próximo lunes.El Tribunal Supremo Administrativo está asimismo pendiente de resolver el recurso presentado por los defensores de Telletxea sobre su petición de asilo político, denegado en primera instancia por el Gobierno socialista luso. Fuentes jurídicas portuguesas no descartan que el tribunal le conceda el asilo político, reconocido actualmete en la Constitución y a tenor de la, legislación vigente. Precisamente las autoridades portuguesas mantienen una actitúd muy ambigua ante la propuesta española de eliminar el asilo político en la Unión Europea para los nacionales comunitarios, dado que este derecho carece de contenido en países con regímenes democráticos.

Por otra parte, el Gobierno portugués explicó ayer que "comprendía perfectamente la frustración" de las autoridades españolas por la decisión del Tribunal Supremo y subrayó que las decisiones judiciales son absolutamente independientes del poder ejecutivo. Sin embargo, ningún portavoz oficial del Ejecutivo socialista luso se pronunció ayer sobre la intensa campaña desplegada en las últimas semanas por destacados dirigentes del actual partido del Gobierno contra la extradición del presunto etarra.

Esta campaña de presión fue encabezada por el actual vicepresidente del Parlamento luso y uno de los fundadores del Partido Socialista, Manuel Alegre, y en ella participaron activamente la socialista Helena Roseta, el historiador Fernando Rosas o el escritor Urbano Tavares Rodrigues.

TellelIxea Maia, de 35 años, fue supuestamente captado por la organización terrorista ETA en 1986 y, según la documentación judicial española enviada a Lisboa colaboró con varios comandos de dicha organización. La desarticulación de los comandos Kirul y Donosti en 1994 provocó su huida a Portugal, donde fue detenido, por primera vez, a instancias de lana orden internacional de busca y captura emitida por el juez Garzón.

La primera solicitud de extradición fue rechazada por las autoridades portuguesas, lo que obligó a completar toda la documenación inicialmente enviada por la Audiencia Nacional. El presunto etarra fue puesto en libertad y residió en Lisboa hasta que fue detenido nuevamente, en marzo de 1996, cuando intentaba salir hacía Venezuela con documentación falsa.

Por este motivo, la Sección Sexta del Tribunal Criminal de Lisboa le condenó a siete meses de cárcel, la pena mínima prevista por la legislación portuguesa en estos casos. La ley contempla sanciones de hasta un máximo de cinco años de cárcel por uso de documentación falsa.