La juez ordena a la policía que vigile los movimientos de Javier de la Rosa

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del caso Torras, ha ordenado a la policía que controle los movimientos de los inculpados Javier de la Rosa y Juan José Folchi mientras no depositen en el juzgado las fianzas de 400 y 150 millones, respectivamente, que les- impuso el pasado jueves.Ayer, a petición de De la Rosa, que se presentó en la Audiencia Nacional, la juez concedió una ampliación del plazo -inicialmente de 24 horas- para hacer efectiva la fianza hasta el próximo miércoles. Como medida preventiva, la magistrada ha establecido el mecanismo policial de control de sus movimientos.

Según fuentes próximas a De la Rosa, éste intentó ayer, al parecer infructuosamente, obtener algún aval bancario que presentar a la magistrada. El ex representante de KIO tiene depositada otra fianza penal de 1.000 millones de pesetas en el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, en este caso por su presunta responsabilidad en la descapitalización de la sociedad Grand Tibidabo. El banco avalador de esta fianza es el Banco Popular.

El abogado Juan José Folchi, por su parte, presentó ayer al juzgado acciones equivalentes al 30% de la sociedad General Investment SA (GISA), patrimonial propietaria de varios inmuebles, entre ellos la sede del despacho profesional de Folchi en la calle Córcega de Barcelona.

Aunque la Juez aún no ha decidido sobre la valoración de esas acciones, ayer también amplió el plazo para la presentación de la fianza de Folchi. En cualquier caso, GISA, que en el pasado facturó minutas del letrado al grupo Torras, no se encuentra incluida en ninguna de las demandas presentadas por KIO contra sus anteriores gestores en los diferentes tribunales españoles y británicos.Junta de Gran Tibidabo

Por su parte, la junta extraordinaria de accionistas de Grand Tibidabo apoyó Ayer a su actual hombre fuerte, el ex ministro franquista Alfredo Sánchez Bella, y rechazó destituirle. Asimismo, no secundó la propuesta de la Asociación de Defensa del Pequeño Accionista de Grand Tibidabo (ADPA) de presentar una acción de responsabilidad contra él. Esta asociación siempre ha estado en contra de que Grand Tibidabo se personase como acusación particular en la causa penal contra De la Rosa por la descapitalización de la compañía.

El intento de la presidenta de ADPA, Rosa Tejedo, y del abogado Tomás Ragué fracasó y fue denunciado por numerosos accionistas como una escaramuza de Javier de la Rosa para recuperar el control de la compañía. Los interventores judiciales de las acciones embargadas a De la Rosa (21% del capital) también apoyaron a Sánchez Bella.

La sombra del financiero estuvo omnipresente. Sánchez Bella comentó que era objeto de una "campaña de miserables calumnias" y - explicó que cuando no consintió que De la Rosa obtuviera de Grand Tibidabo un reconocimiento de que sólo debía 500 millones (en realidad eran 8.200 millones), De la Rosa le amenazó: "con llenarme de mierda y meterme en la cárcel".