Rubio, Rendueles y Letona ratifican la quiebra de Rumasa

El ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y sus predecesores en el cargo, José Ramón Álvarez Rendueles y José María López de Letona, declararon ayer en el juicio a José María Ruiz-Mateos que la situación de crisis de las empresas de Rumasa les impedía pagar los intereses de los créditos que les concedieron los bancos del holding, lo que colocó a éstos en situación de quiebra.El actual director de Rumasa, SA, Félix Díez Burgos, ilustró las circunstancias en que se produjo la revalorización de 300.000 millones en la contabilidad del grupo para aparentar una situación de solvencia, tras la expropiación del 23 de febrero de 1983. Díez Burgos comentó dos hechos ocurridos después del 23 de febrero de 1983. Uno, la orden de cambiar la titularidad de cuentas de crédito ficticias abiertas a nombre de una docena de empresas reales como Seat y Motor Ibérica.

En estas cuentas, aprovechando el prestigio de las empresas, ignorantes del hecho, se instrumentalizaron créditos por valor de 1.500 millones de pesetas, que en realidad fueron traspasados a sociedades de Rumasa.

Tras el 23 de febrero de 1983, algunos de los viejos colaboradores de Ruiz-Mateos siguieron dentro del holding. Estos antiguos ejecutivos, a espaldas de los administradores gubernamentales, ordenaron cambiar la titularidad, para evitar su descubrimiento.

La otra operación que narró Diez Burgos fue el apunte contable de 300.000 millones realizado tras la expropiación, por la cual se produjo un incremento de valor del grupo. Los hechos ocurrieron en las semanas previas al 4 de marzo de 1983, cuando los administradores provisionales de Rumasa elaboraban los estados contables del grupo consolidado al 31 de diciembre de 1982.

Uno de los antiguos colaboradores de Ruiz-Mateos, el ex director general de Administración, Manuel Sanchez Marín, acusado en este juicio, incluyó entre los datos entregados un ajuste de 300.000 millones de pesetas en concepto de fondo de comercio.

El 4 de marzo de 1983, un día después de que Ruiz-Mateos abandonara Madrid rumbo al extranjero, Sánchez Marín ordenó al contable y operador Jesús Salamanca registrar en el ordenador un asiento "acordado en el mes de enero". Bajo las barbas de los administradores se creó un Fondo de Comercio de 300.000 millones por "órdenes de presidencia".

Ayer, la defensa de Ruiz-Mateos replicó a Diez Burgos que se trataba de un asiento para "conocimiento interno" de la familia. Diez Burgos rechazó el razonamiento e ilustró con mayor precisión que el apunte contable de los 300.000 millones fue hecho en marzo de 1983. Diez Burgos rechazó este argumento. Quizá el asiento buscaba aparentar una situación de equilibrio del holding, con la ilusión de despistar a los administradores y de utilizarlo en el procedimiento indemnizatorio.

Las declaraciones de Rubio, Álvarez Rendueles y López de Letona ilustraron los esfuerzos del Banco de España para conseguir conocer la situación del grupo, en una época en que la legislación les impedía conocer la situación de las empresas. Intuían que la quiebra procedía de la incapacidad de las empresas para devolver los créditos, pero no pudieron obtener las auditorías hasta después del 23 de febrero de 1983. Hoy, último día del juicio, el tribunal comunicará si cita a declarar al ex ministro Miguel Boyer como quiere la defensa de Ruiz-Mateos. La mayoría de sus miembros, dos jueces contra uno, está a favor.