El Defensor del Pueblo afirma que la fallida gestión privada de las multas causó "perjuicio económico" al Ayuntamiento

El defensor del pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, tras estudiar un informe entregado por la oposición municipal sobre la notificación privada de las multas llevada a cabo por la empresa norteamericana Electronic Data Systems (EDS), recomendó al Ayuntamiento, entre otras cosas, "que investigue la posible falta de diligencia en la puesta en marcha de medidas de control". Para el Defensor del Pueblo, con la entrega privada de las multas, ha existido "perjuicio económico para la hacienda municipal" por el cobro fallido de las multas. A consecuencia del fiasco de la privatización, el Ayuntamiento ha reconocido que ha dejado de cobrar 2.000 millones en multas mal notificadas. Enrique Tierno, concejal del PSOE, eleva esta cifra: "Las pérdidas pueden llegar a 7.000 millones de pesetas".La multinacional norteamericana se ocupó de notificar las denuncias, tras un contrato adjudicado por el Ayuntamiento, desde septiembre hasta diciembre. Desde entonces, y tras comprobar las ir regularidades cometidas (falsos, testigos, firmas falsas...), el equipo de gobierno decidió prescindir de EDS y volvió a encargar a los carteros el asunto. Antes de eso, el grupo municipal socialista puso en manos del Defensor del Pueblo la actuación de la multinacional. Ayer con la respuesta de Álvarez de Miranda en la mano, Juan Barranco, portavoz municipal socialista, volvió a pedir la dimisión de Pedro Bujidos, concejal de Hacienda e impulsor de la idea de la privatización.

Por su parte, el edil de Hacienda dijo ayer a Efe que las recomendaciones del Defensor del Pueblo "ya se han puesto en marcha" y que no piensa dimitir, porque su cargo "siempre está a disposición del alcalde".

A todo esto, EDS manifestó ayer a Europa Press, por medio de un portavoz, que desconoce la respuesta del Defensor del Pueblo y que "no ha causado quebranto económico al Ayuntamiento".

El Defensor del Pueblo también pide al Ayuntamiento que se investigue "cualquier otro tipo de anomalías" y le recuerda "que debe velar» por el estricto cumplimiento de la normativa".