Barcelona recauda el 10% del dinero reclamado cada año por denuncias

La Guardia Urbana de Barcelona impone una media de 3.200 multas de tráfico cada día (1. 189.500 al año). El 71 % de estas sanciones se corresponde a estacionamientos ilegales. El cobro efectivo de las sanciones al final de año apenas llega al 10% del volumen de dinero reclamado, según ha puesto de manifiesto el último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, correspondiente al año 1994. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que, después de unas tramitaciones que pueden prolongarse durante cuatro o cinco años, es cobrado el 40% del total de multas impuestas.El cobro de las denuncias se enfrenta a serios problemas, y ni siquiera la bonificación del 50% que el Ayuntamiento catalán concede por pronto pago sirve para invertir esta tendencia: sólo el 20% de los infractores paga durante el periodo voluntario. Todos los demás acaban en la vía ejecutiva. El problema, para el Ayuntamiento, es que la ejecución de los embargos es harto difícil y la mayoría se escapa. De hecho, los presupuestos municipales incluyen cada año una provisión de fondos equivalente al 80% del dinero que está previsto cobrar por este concepto para cubrir los impagos.Coches forasteros

El principal problema al que se enfrentan los responsables municipales en materia de circulación en Barcelona (90 kilómetros cuadrados de término municipal y una gran área metropolitana alrededor) es el elevado número de vehículos que circulan diariamente por el casco urbano sin estar censados en la ciudad.

Barcelona tiene oficialmente un parque automovilístico de 1.023.306 vehículos (711.878 son turismos). Cada día entran 474.500 coches de fuera que pretenden encontrar aparcamiento gratis. Resultado: el 40% de los multas son de vehículos censados en otras poblaciones, lo que les permite evitar pagar la multa.

En 1995, Barcelona y algunas de las principales ciudades de la provincia acordaron encargar a la Diputación el cobro de las multas de los conductores censados fuera de sus respectivos términos municipales. Pero las lagunas legales y las trabas impuestas por las entidades de ahorro para embargar las cuentas de los infractores hicieron que la corporación provincial acabara desistiendo.

A finales del año pasado, el Ayuntamiento decidió concentrar sus esfuerzos en perseguir a los infractores recalcitrantes -alguno de los cuales debe hasta 1,8 millones de pesetas en multas- y, tras agotar todos los pasos legales previstos en la legislación actual, intentar embargar el coche. La medida es aún demasiado reciente para conocer su efectividad.