El Senado brasileño destapa un fraude millonario en la venta de títulos públicos

En medio de un escándalo financiero que envuelve a los Gobiernos de por lo menos tres estados brasileños, el banco central (la autoridad monetaria) ordenó ayer el cierre de dos bancos y 12 empresas de corretaje de valores (agencias de Bolsa).

Una investigación realizada por el Senado permitió descubrir fraudes millonarios perpetrados mediante la emisión de títulos públicos por valor de más de 10.000 millones de dólares (cerca de 1.5 billones de pesetas), según la estimación del senador Roberto Requiáo, el miembro informante de la comisión legislativa qué investiga el caso. Este legislador concluyó que "en el mercado financiero hay una cuadrilla de malhechores que están organizados para robar a las fundaciones y fondos de pensión".

Por el plan de estabilización económica implantado en julio de 1994, se prohibió a los Gobiernos provinciales y a los municipios que aumentaran su endeudamiento. La única excepción a esta regla era la emisión de títulos para obtener fondos destinados al pago de deudas ya reconocidas por la justicia.

A través de esta brecha, gobernadores y alcaldes recogieron ilegalmente en el mercado recursos fabulosos, mediante la falsificación de documentos de deudas. El senador Vilson Kleinubing, que participó en las investigaciones, aseguró que los gobernadores de los Estados implicados conocían perfectamente las irregularidades.

El legislador señaló que en e Estado de Alagoas, el Gobierno provincial llegó a ordenar la emisión de títulos por valor de más de 500 millones de dólares (72.000 millones de pesetas) con documentación falsa. Algunos de estos títulos contenían la firma falsificada del ex presidente Fernando Collor de Mello, quien gobernó Alagoas entre 1987 y 1989, y fue destituido de la presidencia de Brasil acusado de corrupción.

Beneficios altísimos

El aspecto más grave del fraude fue el desvío de millones de dólares para beneficiar a bancos, empresas de factoring (dedicadas al cobro gestionado de deudas) y corredores de valores, que compraban con fuertes descuentos los títulos emitidos por Estados y municipios. Más tarde, los propios Gobiernos provinciales, a través de sus empresas y fondos de pensión, volvían a comprar los papeles por su valor original, dejando beneficios altísimos a los intermediarios.El senador Bernardo Cabral, que integra la comisión investigadora, dijo a EL PAÍS por teléfono que las operaciones irregulares ocasionaron daños enormes a las finanzas públicas, "no sólo por el saqueo organizado, sino también por la evasión de impuestos que alcanza valores fabulosos" que no llegó a cuantificar.

Ninguno de los gobernadores investigados por la comisión ha sido acusado formalmente hasta ahora de haberse beneficiado personalmente con las maniobras. La comisión investigadora interpelará en los próximos días a los gobernadores de Alagoals, Divaldo Suruagy, Paulo Afonso Vieira, de Santa Catalina, y Miguel Arraes.