Archivado el expediente por corrupción en el departamento municipal de ruinas
Durante cuatro meses, el departamento del Ayuntamiento de Madrid que tramita las declaraciones de ruina ha vivido bajo sospecha. Su responsable, Fernando Macías, había sido acusado por uno de sus funcionarios de irregularidades en la tramitación de algunos expedientes y de recibir cobros sin justificar de las empresas adjudicatarias. La investigación interna abierta en octubre -y cerrada el 7 de febrero- no ha encontrado delito en la actuación del departamento.
, La instructora del expediente Macias ha investigado durante estos cuatro meses, entre otras, las siguientes denuncias de uno de los funcionarios del departamento de Protección de la Edificación:- Declaraciones de ruina irregulares.
- Cobro de ingentes cantidades de horas extras por guardias inexistentes.
- Utilización de material técnico y de vehículos pagados por las constructoras.
Declarar un inmueble en ruina permite demolerlo para poder construir de nuevo en el solar. En las primeras diligencIas sobre estas denuncias, efectuada por técnicos de la propia Gerencia de Urbanismo, de la que depende el departamento de Macías, se advertía que la tramitación de los expedientes de ruina investigados -ocho en total- "no es muy rigurosa". La instructora del expediente Macias les da la razón, aunque matiza: "Las deficiencias de tramitación podrían encuadrarse" en el artículo del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios que "tipifica, como falta leve el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones". Y aclara que estas faltas leves prescriben al mes. En éste "resulta evidente la prescripción de la falta", apunta la instructora, toda vez que los expedientes cuestionados son de hace un lustro.
Éste es el único punto en el que la instructora de la investigación da la razón a los técnicos de la gerencia que analizaron ocho expedientes de ruina tramitados en 1992 y 1993. Éstos llegaron a reflejar irregularidades en varios casos. En unos, porque los costes de reparación de la casa no se calcularon según lo establecido en la ordenanza de ruinas [la ruina económica sobreviene cuando arreglar el inmueble cuesta un 50% más que su valor]. En otros, porque el edificio tenía algún tipo de protección y no procedía su derribo o se redactaron informes técnicos "erróneos".
La instructora desmonta estos argumentos -firmados por el jefe del Departamento de Iniciativa Privada II, Arsenio Ruiz- apoyándose en los informes del gerente municipal de Urbanismo, quien avala las actuaciones ejecutadas por Macías y argumenta las razones por las que todas las ruinas fueron declaradas correctamente. Por ejemplo, Cita que existe jurisprudencia que acredita que un inmueble protegido puede ser declarado en ruina y, por tanto, derribado. Tras la exposición técnica del gerente-, la instructora concluye que "no aprecia la existencia de hechos que permitan concluir responsabilidad administrativa en los expedientes de ruina denunciados".
Para el concejal de Personal, Sigfrido Herráez, "conocer si las ruinas se habían concedido legalmente era lo más importante". Sin embargo, Herráez declaró ayer que tras este polémico caso el gobierno municipal ha extraído dos conclusiones: "Hay que regular la forma como se abonan las horas extras en este departamento [donde hay funcionarios en guardia permanente], y cambiar los pliegos de condiciones, porque no debe seguir esa relación entre empresas y funcionarios". Herráez se refería al material que regalan las empresas y que el departamento de Macías no inventarió.
La investigación municipal no encuentra irregular este hecho porque en el concurso de adjudicación se admitieron las donaciones de las empresas. La investigación desestima la denuncia sobre horas extras percibidas por personas que no las hacen por falta de pruebas.
