Asalto a la razón

Los últimos atentados de ETA constituyen una afrenta, una más, al Estado democrático y a la identidad nacional de Euskadi. El Poder Judicial y las Fuerzas Armadas son los destinatarios de una nueva provocación cuyo objetivo permanente es amedrentar y deslegitimar a las instituciones democráticas, en pro de su causa liberadora. ETA, Herri Batasuna, y esta escoria social de los de Jarrai..., estos liberadores del pueblo vasco, son en realidad su ruina. Los atentados constantes a los derechos humanos más elementales -derecho a la vida y a la integridad física- y a las libertades públicas, no son sólo un problema del País Vasco; es una cuestión que implica a todos los demócratas. Estos atentados y este vandalismo urbano constituyen un ataque en toda la regla a todos aquellos que reclaman para sí la libertad y la dignidad como valores intangibles, a todos aquellos que en la dictadura franquista lucharon por las libertades y el autogobierno de los vascos. Este terrorismo proyectado en diversos frentes supone, en suma, un nuevo asalto a la razón. A la razón que únicamente es predicable en las formas de gobierno democráticas; a la razón que sólo legitima al Estado de derecho pero no a otras formas de Estado. Es decir, al que encuentra sus señas de identidad en la ley entendida como expresión de la soberanía popular democráticamente manifestada; en la división de poderes, en la sumisión a la Constitución y a la ley de todos los poderes públicos y en las garantías de los derechos y libertades de las personas.Ante los asesinatos de ETA y la violencia de los desalmados, ante la estulticia dialéctica de Herri Batasuna y la sinrazón de su entorno sociológico , el gran reto del Estado democrático es la respuesta basada en la contundencia de la ley que no excluye sino que integra la prudencia de la decisión política. Respuesta basada en la más escrupulosa sujeción a la Constitución de todos los agentes públicos a su servicio: en la negativa a toda tentación de crear o consentir áreas autónomas al poder democrático.

Asumiendo las luces y sombras del afortunado proceso de transición a la democracia llevado a cabo en España, nada más lejos de mi intención está pensar que esto sea coser y cantar; pero, desde luego, es un requisito imprescindible para legitimar, desde la más escrupulosa legalidad democrática, lo que Max Weber denominaba el monopolio legal de la coerción estatal. Como, evidentemente, requisito también lo es -¡gran tópico!, pero gran necesidad- la unidad de los partidos políticos del ámbito democrático. La muy grave situación que se ha ido configurando en los últimos meses y los atentados recientes, reclaman de estos partidos una prioridad beligerante en su comportamiento unitario. En este nuevo embite que plantea ETA y su entorno está en juego el futuro de la vida democrática.

Los últimos ataques a miembros de la magistratura, coetáneos a las acciones legales emprendidas sobre miembros de la dirección de HB, más la constatada inhibición de ciudadanos vascos a formar parte de los tribunales jurados, constituyen la viva demostración de que las señas de identidad democráticas han entrado en una espiral de mafioso menosprecio por parte del esotérico mundo de los violentos. Desde luego, no es un tema nuevo, pero justamente por ello es cada vez más grave. No se olvide que, además de los atentados de ETA, el tejido social de HB y sus apéndices aguerridos y tribales de las juventudes de Jarrai, estos salvapatrias de nuevo cuño, estos eslabones perdidos de la racionalidad humana y de lógica unidimensional, son autores de violaciones continuadas de los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, la libertad de opinión queda cuestionada cuando en determinados lugares declarados territorio liberado -territorio "comanche" que diría un amigo nacionalista vasco- uno no quiere resignarse a vivir mudo, sordo y ciego; sin embargo, el miedo a hablar, tan propio del franquismo, ha vuelto a renacer. El derecho de reunión y de propiedad se viola con la quema, últimamente, de sedes del PNV y del PSOE; el derecho de manifestación pacífica y sin armas se vulnera cuando los que piden la libertad de Ortega Lara y Delclaux se encuentran con piquetes violentos, obsesionados ahora también con la quema del ertzaina. La libertad de enseñanza entra en crisis cuando profesores universitarios son amenazados. Y, en fin, la libertad de expresión es amordazada cuando se incendia una librería como Lagun en San Sebastián, que fue punto de referencia en la lucha contra el franquismo en defensa de las libertades, de la autonomía vasca y de la memoria de aquellos que murieron por estas causas. Y sin embargo, a esta librería se le aplica un método similar a los que eran propios de la dictadura: la censura previa, por la autoridad competente que no es otra que HB y su séquito. Un control preventivo de nuevo tipo a través de la bomba incendiaria adhiriéndose a la práctica inquisitorial que significa desempolvar los autos de fe mediante la quema de libros. Y todo esto cuando ETA sigue su macabra serie matando a un teniente coronel, un peluquero, y mantiene secuestradas a dos personas. Y todo esto cuando todavía son recientes los asesinatos de Gregorio Ordoñez, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente y, últimamente, el de Rafael Martínez Emperador. En fin, el reto sigue planteado: el asalto a la legitimidad que representa el Poder Judicial como parte del Estado, el asalto a la razón, en suma, nos afecta a todos los demócratas.