Asalto a la justicia

Pocas horas después de la explosión de un coche bomba en Granada, que causó un muerto y ocho heridos, ETA asesinaba en Madrid al magistrado del Supremo Rafael Martínez Emperador, crimen que trata de amedrentar a los miembros del alto tribunal que se ocupan actualmente de varios sumarios relacionados con el terrorismo. La Sala Segunda ha citado a los 25 miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna para tomarles declaración sobre un delito de colaboración con banda armada; esa misma Sala de lo Penal celebrará próximamente un juicio oral para establecer las responsabilidades de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior en una operación de guerra sucia contra ETA. También la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo deberá pronunciarse sobre demandas interpuestas por familiares de presuntos terroristas asesinados.La Sala Tercera del Supremo cotejará hoy mismo en secreto los originales de los papeles del Cesid, reclamados por dos jueces de la Audiencia Nacional y otro instructor de San Sebastián, a fin de comprobar si coinciden o no con las copias robadas en su día por el coronel Perote y publicadas más tarde por el diario El Mundo como instrumento del chantaje con que Mario Conde pretendió extorsionar al Estado 14.000 millones y salir indemne de su proceso ante los tribunales penales. En el supuesto de que ese examen confirmase la autenticidad de las copias, los 33 magistrados tendrían que resolver primero si los documentos originales afectan a la seguridad nacional y decidir después si deben ser desclasificados como secretos para ser incorporados como prueba a esos tres sumarios, que implican a policías, altos cargos socialistas, mandos militares y miembros de la Guardia Civil en la guerra sucia contra ETA.

Tanto al recordar esos procesos en curso como al exigir una investigación judicial del ahorcamiento de un presunto etarra (atado de pies y manos) en su celda de Alcalá-Meco es preciso subrayar que los magistrados españoles han probado sobradamente su independencia al perseguir también las violaciones de derechos humanos perpetradas en nombre de la razón de Estado por funcionarios policiales, mandos militares y cargos públicos. La reforzada protección judicial de los derechos humanos en España, garantizada por la Constitución y por la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, resulta excepcional si se la compara no sólo con nuestro pasado, sino también con otras democracias europeas.

Steven Lukes, un prestigioso catedrático británico de teoría política y social, ha seguido el ejemplo de algunos filósofos que escribieron novelas no tanto para alcanzar la excelencia en el género narrativo como para difundir sus ideas más allá de los círculos académicos. El viaje del profesor Caritat (Tusquets, 1997), subtitulada Las desventuras de la razón, es "una comedia filosófica" que relata el peregrinaje de un sabio especialista en el Siglo de las Luces y las teorías del progreso (su apellido es un homenaje al marqués de Condorcet) en busca del mejor de los mundos posibles.

Nicholas Caritat, huido de Militaria (un brutal régimen autoritario), visita Utilitaria (inspirada en las enseñanzas de Jeremy Bentham), Comunitaria (apoteosis del multiculturalismo) y Libertas (un paraíso de las privatizaciones gobernado por una dama parecida a Margaret Thatcher); hasta Marx y Engels le enseñan una imaginaria Proletaria (sin clases y sin Estado) en el duermevela de un sueño. Ese periplo revela que la situación de los derechos humanos es desoladora por doquier: son perseguidos a sangre y fuego en Militaria, están considerados como "peligrosos disparates" en Utilitaria, quedan subordinados a las identidades étnicas en Comunitaria y carecen de vigencia universal en Libertas. Cabe suponer que el profesor Caritat descubriría conculcaciones prácticas de los derechos fundamentales en España, pero también daría testimonio de la capacidad y la voluntad de los jueces para ampararlos.