Tarjetas para el perdón

, "Si me meten en la cárcel, iré con la satisfacción moral que da el que la gente te apoye", señala Rodolfo Pérez Bustamante, que ha conseguido ya que 5.000 vecinos de Leganés (175.000 habitantes) rellenen la tarjeta en la que se pide su indulto a la ministra de Justicia. Ese apoyo ha dado alas a su esperanza de conseguir, cuando menos, una reducción de la condena de cinco años que le fue impuesta por la Audiencia de Santander y de esta forma no tener que ingresar en prisión. De no ser así, asegura, destrozarían su vida y la de su familia. Pérez Bustamente, de 37 años, está casado y tiene dos hijas de 16 y 7 años que todavía viven con su madre en Torrelavega (Cantabria). Para alejarse de los círculos de la droga en los que se movía en esta localidad, se trasladó hace dos años a Leganés, donde ha conseguido rehacer su vida con un trabajo estable.Fue detenido en septiembre de 1993 después de que la Guardia Civil encontrase casi cuatro gramos de cocaína, medio gramo de grifa y siete pastillas de anfetaminas escondidas en diferentes lugares del bar que por entonces regentaba en la playa de Oyambre. El tribunal cántabro consideró que hubo ánimo preordenado al tráfico de las sustancias intervenidas. Le condenaron a cinco años de cárcel y cinco millones de multa por un delito contra la salud pública. "No me creyeron cuando afirmé que yo no pasé droga a nadie y pagué el pato con una sentencia exagerada y desproporcionada", afirma. El recurso de casación que interpuso ante el Supremo fue desestimado a finales de 1996.

Cuando le comunicaron la noticia, reconoce que se hundió. "Estaba harto de tener la vida pendiente de un hilo y ya no puedo seguir con el miedo de tener que ir a la cárcel en la cabeza".Fue Juan Manuel Medina, el presidente de la peña El Muro, a la que pertenece y que forman varias decenas de aficionados del CD Leganés, quien recogió el testigo. Errada la vía judicial, intentan conseguir el indulto. Medina y Pérez Bustamante consiguieron que el alcalde, el socialista José Luis Pérez Ráez, firmase una carta dirigida a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal, en la que informaba que este vecino está totalmente integrado en la sociedad y participa activamente en la vida social y deportiva del municipio. Los apoyos de entidades han sido múltiples, y van desde los jefes de la empresa de transportes de Fuenlabrada en la que trabaja hasta partidos políticos, sindicatos, el Lega, parroquias y asociaciones vecinales y culturales. Pérez Ráez asegura que "las penas buscan la rehabilitación del infractor, pero en este caso ese objetivo ya está cumplido y no tiene sentido destrozar la vida de una persona y la de su familia". Lo mismo opina la coalición Izquierda Unida y representantes de las entidades vecinales.