Furibunda campaña 'provida' en Portugal en visperas del debate parlamentario sobre ampliación del aborto

, "Levantamiento católico" o "Revuelta cristiana contra el aborto" son algunos de los titulares que la prensa portuguesa ha dedicado a la feroz campaña iniciada por los movimientos católicos y ultraconservadores en vísperas del debate parlamentario para la ampliación del aborto, fijado pata el próximo día 20. El Gobierno socialista y su partido, encabezados por dirigentes católicos, se encuentran completamente divididos en este asunto, mientras la oposición socialdemócrata exige la convocatoria de un referendum.La asociación católica Juntos por la Vida comenzó ayer a distribuir folletos y postales contra la revisión de la ley sobre el aborto y ha anunciado una campaña de movilizaciones "con mucho ruido". Los movimientos católicos y ultraconservadores han conseguido que las televisiones emitan en sus noticiarios de máxima audiencia un viejo documental estadounidense sobre una interrupción del embarazo, que para las asociaciones progresistas constituye una "burda manipulación".

Algunos de los folletos distribuidos por los movimientos católicos presentan a un feto-niño succionado por un aspirador del que sale hecho añicos. Los dirigentes de Juntos por la Vida han convocado también diversas concentraciones, una vigilia ante el Parlamento la víspera del debate, y han iniciado su campaña de recogida de firmas contra los proyectos de las Juventudes Socialistas y del Partido Comunista, que solicitan la ampliación de los actuales plazos, establecidos en 12 semanas en caso de peligro para la madre o de violación, y 16 para cualquier malformación del feto. La Asociación de Médicos Católicos ha comunicado su más rotundo rechazo a subordinar su objeción de conciencia al derecho al aborto.

El padre Vítor Freire Pinto, en representación del episcopado portugués, afirmó en el Parlamento que "el derecho a la vida es inviolable; no depende de la opinión pública, de estadísticas, referendos o votos de los diputados, ni de ninguna autoridad pública. Al Estado sólo le compete reconocerlo, respetarlo, defenderlo o promoverlo mediante la justicia social que asegure a todos las condiciones indispensables de una vida digna".