Cañellas afirma que sólo dimitirá si se le abre juicio oral por corrupción

El ex presidente balear y del PP, Gabriel Cañellas, a quien la Fiscalía Anticorrupción acusa de un delito de cohecho y otro de prevaricación, anunció ayer que no abandonará, "por deber" el acta de diputado regional, y que sólo dejará la jefatura de los diputados populares de Baleares si el Tribunal Superior le abre juicio oral. "Tengo una gran deuda con un pueblo que me eligió sabiendo qué ocurría", dijo. Aludía a que fue votado cuando ya eran públicas las investigaciones por el cobro de comisiones en la concesión del túnel de Sóller.

, El político del PP afronta una petición de un año de cárcel, 18 años de inhabilitación, 100 millones de pesetas de multa y la devolución de los 50 millones de las comisiones. El fiscal le exige una fianza civil de otros 200 millones de pesetas.El PP cerró filas alrededor del acusado. El secretario general del partido y vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, reconoció que Cañellas ya "había cumplido con las exigencias de responsabilidad política que tiene marcadas el partido", en referencia a su dimisión forzada, por José María Aznar como presidente autonómico y líder regional de la formación, en julio de 1995.

"Aquélla era la única decisión a adoptar", recordó ayer el ex presidente balear, que compareció en la sede del PP arropado por altos cargos para proclamar su inocencia y asegurar que goza "de la confianza más absoluta de la dirección del PP a todos los niveles", entre los que incluyó al presidente del Gobierno, a quien evitó citar por su nombre.

Principio de inocencia

"Sin sentencia judicial, el PP defiende el principio de inocencia", reseñó el ex mandatario conservador, quien añadió que sólo renunciará, de forma transitoria, a la presidencia del grupo de diputados insulares en el caso que el juez del Tribunal Superior decrete la apertura de juicio oral. "Libremente lo he añadido", agregó. Después alardeó de poder de mostrar "la rectitud de las actuaciones y la buena fe de las decisiones" y el no haber contravenido "ninguna norma jurídica ni moral". Advirtió que dimitir ahora como diputado supondría retrasar el trámite procesal.

La Fiscalía considera a Cañellas responsable de haber maquinado la adjudicación de la construcción y la explotación del túnel de peaje a su socio personal Antonio Cuart, con lo que se vulneraron preceptos constitucionales de objetividad e imparcialidad de las administraciones y se vició la transparencia del proceso. En aquel ámbito espúreo se pactó el pago al PP, a través de Cañellas, de los cincuenta millones de pesetas por parte del adjudicatario, como posible contrapartida por esta decisión valorada como injusta.

El letrado de Cañellas y de Saiz, Rafael Perera, alertó que, a la vista la acusación, "pueden empezar a temblar todos los consejeros de Obras Públicas". La oposición reclamó ayer de manera unánime la salida de Cañellas de la vida política.

Izquierda Unida, que ejerce la acusación particular, consideró "muy positiva" la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y anunció que en su calificación incluirán como coautores de prevaricación y cohecho a los actuales consejeros José Antonio Berastáin -ex secretario general del PP, encargado de las finanzas- y Tomeu Reus, responsable de las últimas prórrogas a la concesionaria de la obra, del túnel.

Francesc Triay, del PSOE, manifestó que "el PP, al solidarizarse con Cañellas, se arrastra hacia el fondo y es el responsable del deterioro de las instituciones y de la crispación".