El alcalde justifica el derroche de 1992 y acusa de Interpretación "retorcida" al Tribunal de Cuentas

El PP cuestionó ayer el trabajo del Tribunal de Cuentas, máximo órgano estatal del control del gasto público, para defenderse del cúmulo de irregularidades descubiertas por los auditores al investigar el gasto de 7.000 millones por parte del consorcio Madrid 92, que estaba presidido por José María Álvarez del Manzano. El alcalde de Madrid declaró ayer en el pleno municipal que el Tribunal de Cuentas había utilizado documentación parcial e interpretado de "manera retorcida" las normas. Por ello descubrió irregularidades que en realidad no lo eran, según el alcalde.

El Tribunal de Cuentas, en su informe sobre la gestión del Madrid 92, concluyó que el consorcio había vulnerado distintas leyes, provocando unas pérdidas superiores a los 400 millones. Este despilfarro fue causado por gastos indebidos, facturas injustificadas, sueldos ilegales, conciertos nunca celebrados e ingresos nunca percibidos, según la auditoría que ha sido enviada al Congreso de los Diputados.La oposición (IU y PSOE) buscó ayer responsables. El alcalde les replicó: "Yo no me he llevado ni una peseta. Aunque pongan a todos los jueces e España a trabajar no podrán demostrar que me he llevado algo", Indicó.

Después habló su concejal de Hacienda, Pedro Bujidos, ex consejero del Tribunal de Cuentas, quien arremetió contra la auditoría pública y contra el medio de comunicación que la sacó a la luz (EL PAÍS). "Hay cosas del Tribunal de Cuentas que parecen ridículas, como pedir que justifiquemos los gastos de viaje de un comisario desde Bruselas. Hubiera sido más costoso que el consorcio hubiera ido allí. Y se fijan en un proyecto que no se llegó a concretar, en el que se gastaron 168.000 pesetas; me admira que se preocupen de esto.

Después de la invectiva al Tribunal de Cuentas, Bujidos justificó otros fracasos de la capitalidad cultural. "Se gastaron 11 millones en unas orquestas que no pudieron tocar por un problema técnico, ya que se descubrió tarde que no cabían en el foso del Teatro de Madrid, y se perdieron 20 millones de fianza por un concierto de rock que no se llegó a celebrar, pues nos pedían que garantizáramos una taquilla de 300 millones, con lo que las pérdidas hubieran sido mayores".

A Francisco Herrera, portavoz de IU, no le convencieron estas explicaciones. Creyó en la palabra jurídica del Tribunal de Cuentas y cargó contra Bujidos: "Usted nos ha venido a decir aquí que el Tribunal de Cuentas es un órgano peligroso para la democracia. Lo que deben hacer es un informe jurídico sobre lo que denuncia la auditoría para ver si ha habido quebranto económico al Ayuntamiento y quiénes son sus responsables". El alcalde aceptó la elaboración de este informe.

El edil socialista Rafael Simancas encontró un culpable: "La gestión del Madrid 92 fue nefasta, estuvo trufada de irregularidades de todo tipo. Y el máximo responsable es el alcalde, que, según los estatutos del consorcio, podía ejercer la inspección de los servicios y la jefatura administrativa de este organismo".

Antes de este encontronazo, el centro derecha y la izquierda municipal cavaron una trinchera y se dispararon insultos durante media hora mientras debatían si procedía dar a una calle de Madrid el nombre de Abogados de Atocha. El PP se negó, al considerar suficiente conceder la medalla al mérito social a los cinco abogados asesinados en 1977. "Mantenemos el criterio de no dar el nombre de una calle a hechos luctuosos", dijo el edil de Cultura, Juan Antonio Gómez Angulo. Yo mismo me negué a que se pusiera el nombre de Gregorio Ordóñez [dirigente popular asesinado por ETA] a un jardín del distrito de Salamanca".

La izquierda estalló. "Ésa es la coherencia de la derecha más rancia", replicó Manuel Lindo (IU). "Hay en Madrid nombres de calles que no merecerían estar ni en la puerta del retrete y muy pocos nombres que hayan dejado su vida por la libertad, como los abogados de Atocha". El socialista Rafael Simancas apoyó este discurso: "Demuestra el PP una gran miopía histórica. La matanza de los abogados de Atocha no fue un acto terrorista más. Cuando ocurrió estaba en juego la democracia. Ahora hay un clamor popular, pero ustedes se pliegan a las presiones de la caverna".

Le contestó Gómez Angulo tirando de archivo: "Los socialistas también negaron dar el nombre de calles a algunos de los abogados asesinados cuando gobernaban en l983".

Con el debate muy caliente, el alcalde tomó la palabra para intentar zanjar la cuestión. Sólo logró echar aceite al fuego: "Hemos tomado esta decisión para evitar discordancias en la convivencia y la tolerancia de los españoles. Yo nunca he defendido regímenes totalitarios como sí han hecho ustedes". Este ataque, dirigido a IU, provocó un escándalo en el pleno. Los concejales de la coalición salieron gritando: "¡Este alcalde es un fascista!".

[Móstoles acordó llamar a una avenida Abogados de Atocha. Además, a propuesta del PP, otra plaza se denominará de los Héroes de la Libertad y albergará un monumento a las víctimas del terrorismo, informa ].