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Los sindicatos de funcionarios ofrecen un pacto a Rajoy mientras fijan más protestas

Los sindicatos de funcionarios no van a olvidar la congelación salarial aplicada por el Gobierno del Partido Popular en 1997 a los empleados públicos. En una reunión que comenzaron ayer y que se prolongará hasta hoy están debatiendo la convocatoria de nuevas protestas para seguir reclamando al Ejecutivo que compense esa pérdida del poder adquisitivo. Paralelamente van a ofrecer al ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, un pacto con vigencia para varios años que recoja un compromiso salarial para próximos ejercicios, junto a la recuperación del poder de compra que van a perder en 1997.Esta reunión supone la tercera cumbre sindical de la función pública, que integran UGT, CC OO, CSI-CSIF, los sindicatos de enseñanza ANPE y STE's, los de sanidad SAE y SATSE y los de policía SUP y UFP. En la oferta de negociación no existen problemas entre ellos, pero sí hay discrepancias por la convocatoria de protestas.

La UGT y CC OO han propuesto concluir hoy la reunión con un calendario de movilizaciones para los próximos meses, con asambleas, concentraciones de delegados, manifestaciones, paros parciales de una hora de duración y algún encierro. Asimismo quieren que esas protestas puedan desembocar, dependiendo de cómo vayan las negociaciones con el Gobierno, en la convocatoria de una posible huelga general en la función pública hacia los meses de mayo o junio, momento en el que el Gobierno comenzará la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1998.

Esos dos sindicatos creen de esa forma presionarían para que en los presupuestos del próximo año se tenga en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años, que los sindicatos cifran en 11 puntos, a los que hay que sumar la congelación salarial de 1997.

En cambio, la confederación independiente CSI-CSIF no quiere anunciar todavía medidas de presión y es partidario de mantener antes una reunión con el Gobierno para ver si cambia de actitud. Los responsables de esta central prefieren reclamar primero al Gobierno que convoque de nuevo la Mesa General de la Función Pública, y, una vez tengan constancia de la posición del Gobierno, decidir la convocatoria de más movilizaciones para los próximos meses.

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