IU pide la dimisión del gerente del Ivima por cobrar un "impuesto indebido"

Madrid - 29 ene 1997 - 00:00CET

Izquierda Unida solicitará en la Asamblea de Madrid la dimisión del gerente del Ivima, Juan José Franch, como "responsable de un cobro indebido del impuesto de plusvalía a cientos de vecinos que compraron sus viviendas entre mayo de 1995 y junio de l996".El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) vulneró la ley en el proceso de venta de las viviendas públicas al cargar sobre el comprador este tributo cuyo abono corresponde al vendedor, que fue el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), según denuncia la coalición Izquierda Unida.

La Ley de Haciendas Locales establece que el impuesto de plusvalía lo debe abonar quien vende. Hasta 1990, esta norma matizaba que la plusvalía la debía pagar el vendedor,"salvo pacto contrario" entre las partes. Pero ese matiz, que permitía imputar la plusvalía al comprador, se eliminó en la última modificación de la Ley de Haciendas Locales, de diciembre de 1990, donde se establece tajantemente que el tributo debe correr por cuenta del vendedor.

Más información

El PSOE pide investigar Io de antes y lo de ahora"

El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), propietario de los pisos, se ahorró unos millones -nadie es capaz de precisar cuántos- al cargar la plusvalía en la cartera de cientos de compradores. Lo hizo desde que el Partido Popular accedió al poder, en mayo de 1995, hasta junio de 1996, según IU. Los gestores del PP no desmienten este hecho.

En junio de 1996, el consejero de Obras Publicas, Luis Eduardo Cortés, rectificó y ordenó no cargar la plusvalía sobre los vecinos. Pero durante todo un año, los compradores tuvieron que pagar el impuesto como requisito previo a la recogida de las escrituras de sus pisos, lo que les supuso un sobrecoste de hasta 40.000 pesetas por vivienda.

Los encargados de gestionar la venta de estas casas, que trabajaban en empresas privadas contratadas por la Comunidad, recibieron instrucciones del Ivima para presionar a los vecinos con un argumento simple: "O aceptan estas condiciones y pagan el impuesto de plusvalía o no hay viviendas", según denuncia Prisciliano Castro, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.

SIGUE LEYENDO

Voracidad recaudatoria

El PP dice que el Defensor del Pueblo y expertos jurídicos avalan que la venta de pisos fue legal

"De no haber intervenido IU, la voracidad recaudatoria del Gobierno de Ruiz-Gallardón seguiría actuando impunemente", señala el portavoz de este grupo, Juan Antonio Candil.Tras la rectificación de Cortés, en la Comunidad de Madrid hay dos tipos de propietarios de vivienda pública: los que compraron entre mayo de 1995 y junio de 1996, que tuvieron que pagar el impuesto de plusvalía, y los posteriores a esa fecha, que están exentos de abonar ese tributo y han conseguido una rebaja en el precio de sus viviendas.

"Esto supone un agravio comparativo para los vecinos que pagaron la plusvalía antes de junio de 1996. Nosotros vamos a pedir la devolución inmediata del dinero cobrado indebidamente, para igualar las condiciones con los actuales compradores", explica el portavoz de IU.

Juan José Franch, gerente del Ivima, mantiene que su decisión de cobrar el impuesto de plusvalía a los vecinos fue Iegal". "En la cláusula 12 de los contratos firmados se establece que el impuesto de plusvalía lo pagará el comprador de la vivienda. Y ese contrato lo firman las dos partes. El jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid redactó un informe donde avalaba la legalidad de esta actuación, y el Defensor del Pueblo, al final de todo este proceso, nos dio la razón".

El gerente del Ivima asegura que este organismo tiene "todo el derecho del mundo a cobrar el impuesto para tener ingresos para construir nuevas viviendas en la Comunidad de Madrid". "Creo no haber perjudicado a nadie. Todo el mundo ha entendido que las viviendas tenían un precio muy asequible [entre 300.000 y 400.000 pesetas]. Teníamos derecho a cobrarlo, me dijeron mis asesores que era legal, y fue ratificado por otros expertos".

Respecto a la petición de dimisión de IU, Franch asegura sentirse "muy tranquilo". "Podrán decirme: '¿Por qué no regala usted las casas'. Y yo les contestaré: 'Pues mire, no las regalo porque las puedo cobrar'. Que pidan mi dimisión no me afecta en absoluto, porque no he cometido ningún error, he hecho algo totalmente legal".

El Grupo Parlamentario Socialista apoya la decisión de IU de solicitar la dimisión del gerente del Ivima y pedirá la devolución de lo cobrado "Indebidamente" por este organismo regional. "Si el Gobierno regional no devuelve el dinero, acudiremos a los tribunales para defender a familias humildes", declaran en el grupo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuario Continuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.