Suspendido el juicio contra 10 guardias civiles de la unidad antidroga

El juicio contra 10 integrantes de la Unidad Central de Investigación Fiscal Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA) y contra 8 confidentes y narcotraficantes, que se iba a celebrar ayer en la Audiencia Nacional, tuvo que ser suspendido por dos motivos: la incomparecencia de uno de los narcos y la renuncia a su abogado de uno de los agentes. El tribunal concedió 24 horas para que el ausente comparezca, y remitió el caso del letrado José Emilio Rodríguez Menéndez al Colegio de Abogados para que adopte las medidas pertinentes.

La suspensión del juicio parecía inevitable desde hacía días. En la Audiencia Nacional se comentaba que varios abogados de la defensa se habían puesto de acuerdo en la línea de actuación y que ésta pasaba por la suspensión de la vista. Sin embargo, el aplazamiento no llegó por esa vía.Nada más iniciarse la sesión, la secretaria anunció que uno de los procesados, Juan José Garrote Gago -un presunto traficante de droga para el que el fiscal solicita 10 años y un día de prisión, y multa de 125 millones de pesetas por delito contra la salud pública- no se encontraba en la sala para ser juzgado. Agregó que Garrote no había sido siquiera citado a juicio porque no se le pudo localizar y, por tanto, no había recibido la correspondiente citación.

La secretaria informó también de que, una hora antes del inicio de la vista, el guardia civil Vicente Domínguez Serrano -el agente arrepentido cuyas revelaciones condujeron a la desarticulación del grupo antidroga- había presentado un escrito por el que renunciaba a su abogado defensor, el polémico José Emilio Rodríguez Menéndez. Según ese documento, el letrado había informado la noche anterior a su cliente de que tenía intención de cambiar la línea de defensa, por lo que, ante las divergencias surgidas, Domínguez decidió renunciar a la asistencia del abogado.

El presidente del Tribunal, Fernando García Nicolás, pidió explicaciones a Domínguez, quien señaló que no se trataba de un intento de dilatar el proceso. Lo que ocurrió, dijo, fue que el domingo por la noche su abogado le dijo que la línea de defensa no era la conveniente, y que él detectó una serie de maniobras -que no especificó- por parte de este letrado con las que no estaba nada de acuerdo. El acusado añadió que se sentía manipulado y que ya no puede confiar en Rodríguez Menéndez.

El fiscal y el resto de los abogados solicitaron la suspensión, si bien algunos de ellos añadieron también otros motivos menores, como tener planteados algunos recursos de tipo procesal que no han sido resueltos.

Comisión disciplinaria

El tribunal -integrado por los magistrados Fernando García Nicolás, Ángela Murillo y José Ricardo de Prada- decidió suspender el juicio hasta que pueda ser convocado de nuevo. Los magistrados dieron a Domínguez un plazo de tres días para que busque un nuevo defensor con la advertencia de que, si no es así, le será nombrado uno de oficio.El tribunal acordó también informar de la conducta del letrado Rodríguez Menéndez a la Comisión Disciplinaria del Colegio de Abogados de Madrid, a los efectos oportunos.

Rodríguez Menéndez había asumido la defensa del guardia Domínguez cuando éste, asustado por creer que sus compañeros de la UCIFA le iban a implicar en el tráfico de drogas como habían hecho con otro guardia, Juan Carlos García, decidió convertirse en un arrepentido y revelar al juez Baltasar Garzón las irregularidades cometidas por el grupo -en las que se autoinculpó-, entre las que figuran pagar con droga a los confidentes.

Este letrado, sin embargo, comparte ahora intereses económicos con el catedrático Manuel Cobo del Rosal, abogado del comandante José Ramón Pindado Martínez, uno de los principales acusados, y que fue objetivo predilecto de las confesiones de Domínguez. Cobo y Rodríguez Menéndez son dos de los cinco miembros que forman el Consejo Editorial del diario Ya.

Respecto a los otros motivos planteados, el tribunal decidió dar un plazo de 24 horas al abogado Ángel López Montero, defensor de Garrote, para que localice y presente a su cliente ante el tribunal u ordenará su detención inmediata. El letrado dijo desconocer las razones de la incomparecencia de su cliente.

Sobre los recursos sobre admisión de pruebas que no han sido resueltos, el tribunal destacó que no son causa de suspensión de la vista y que ya se resolverán. El juicio, según el tribunal, se convocará de nuevo lo antes posible.