El Gobierno quiere fomentar el respaldo social a las Fuerzas Armadas a través de la escuela

Elevar el escaso nivel de compromiso que muestran los españoles con la seguridad de su país y potenciar el respaldo social a las Fuerzas Armadas constituyen un objetivo prioritario de la nueva política de defensa. Para cumplirlo, el Gobierno se propone fomentar en la escuela la enseñanza de la política de defensa y del papel de los ejércitos. Así lo dispone la Directiva de Defensa Nacional 1/96, el documento que define los grandes objetivos de la política de defensa, sancionado hace un mes por el presidente José María Aznar y cuyo contenido todavía no se ha hecho público.

El auge de la objeción y la impopularidad de los gastos militares evidencian el escaso arraigo que tiene en España la denominada conciencia de defensa; es decir, la convicción de que es necesario proteger incluso por la fuerza determinados principios e intereses nacionales y de que hay que contar para ello con unos ejércitos bien dotados y adiestrados.Por eso uno de los tres grandes objetivos de la nueva directiva consiste precisamente en aumentar el respaldo y la participación de la sociedad española en su propia defensa. Los otros dos son la plena participación de España en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, especialmente la OTAN, y la mejora de la eficacia de las Fuerzas Armadas, mediante su plena profesionalización.

El texto no explica cómo se puede elevar la conciencia de defensa y se limita a remitirse al ámbito educativo como el más adecuado para fomentarla. En cambio, sí reconoce que el apoyo y la comprensión social son un requisito indispensable para la modernización de los ejércitos, que requerirá un aumento de los gastos militares.

La primera directiva de defensa elaborada por el Gobierno del PP no especifica la cuantía de este aumento. Sólo indica que será suficiente, tras constatar las carencias provocadas por los recortes de los últimos años, y se remite a una futura ley de dotaciones presupuestarias de las Fuerzas Armadas basada en criterios realistas.

Tampoco especifica el documento la cuantía de los efectivos futuros de los ejércitos, más reducidos que los actuales (215.000 militares en total), que será fijada en las correspondientes leyes de plantillas.

Prácticamente, la única cifra que contiene el texto es el, plazo previsto para la plena profesionalización: seis años. Lo que confirma que el servicio militar obligatorio acabará en el año 2002. De forma progresiva, se incrementará el número de soldados profesionales y se reducirá el de reclutas forzosos.

Durante el periodo de transición, se incentivará el cumplimiento de la mili de forma que, por ejemplo, sirva como mérito para obtener un empleo de soldado profesional. Nada se dice en el texto, sin embargo, sobre su reducción a seis meses, prometida en el programa electoral del Partido Popular.

La supresión del servicio militar, suspensión en realidad, no acabará con las obligaciones militares de los españoles. La futura ley de Movilización regulará la incorporación de los ciudadanos a las Fuerzas Armadas en caso de crisis o conflicto para completar la denominada plantilla de guerra de las unidades o suplir bajas.

Esta movilización no sólo afectará a personas, sino también a medios materiales, como los de transporte, que resulten necesarios para el dispositivo militar o para la defensa civil, que se pretende desarrollar.

Respecto a la integración en la estructura militar de la OTAN, la directiva señala que la participación española en los cuarteles generales será equilibrada respecto a la de los otros aliados, y su aportación, proporcional a las posibilidades nacionales. No se alude a la creación de un mando subregional español que englobe Canarias, pero se ratifica el carácter no nuclear de España.

El documento reitera la voluntad española de seguir contribuyendo a las operaciones de paz de la ONU, teniendo en cuenta las posibilidades e intereses nacionales, y constata que el final de la guerra fría ha inaugurado una época de mayor seguridad en Europa, en la que persisten, no obstante, conflictos limitados, como el de la antigua Yugoslavia, y riesgos derivados de la' proliferación de las armas nucleares, químicas y bacteriológicas y de los misiles balísticos.

La directiva proclama que la seguridad de España está indisolublemente unida a la de sus aliados y reafirma el apoyo español a la ampliación de la OTAN, a la definición de una política de seguridad y defensa en el marco de la Unión Europea y al desarrollo de la Unión Europea Occidental, así como al establecimiento de relaciones militares con los países del Magreb para propiciar la estabilidad del Mediterráneo.

En el marco estrictamente militar, anuncia la potenciación de los mandos operativos de las Fuerzas Armadas; la reforma de la ley del Régimen del Personal Militar de 1989, que regula la carrera castrense, y la revisión de los programas de armamento planeados durante los últimos años.