El fiscal pide penas de entre 6 y 15 años para los diez guardias civiles del 'caso UCIFA'

Casi un siglo de prisión en total, 97 años, pide la Fiscalía Antidroga para los diez ex miembros de la Unidad Central de Investigaón Fiscal y Antidroga (UCIFA), de la Guardia Civil, que serán juzgados desde hoy en la Audiencia Nacional por, entre otras acusaciones, pagar con droga a confidentes. Las penas individuales oscilan entre 6 y 15 años. El caso UCIFA es el primer juicio sobre la corrupción en la Guardia Civil durante la etapa en que la dirigió Luis Roldán.

La detención de los 10 agentes se produjo en 1992 en una operación dirigida por el juez Baltasar Garzón que supuso un escándalo ante el desmantelamiento de la unidad y el arresto de oficiales y jefes incluso con grilletes. Además de rechazar las imputaciones, los defensores argumentarán que Garzón coaccionó a procesados para forzar confesiones contra superiores. Junto a los agentes se sentarán en el banquillo ocho civiles.La primera acción irregular data de enero de 1988. Tres de implicados -el cabo Félix Molina y, los guardias Doroteo Gómez y Antonio López- viajaron a Pamplona para investigar la implicación en el narcotráfico del guardia segundo Juan Carlos García. Siempre según los cargos, lo hicieron con singular pericia: "introdujeron en su vehículo 25 gramos de hachís y dos papelinas de heroína" y lo detuvieron. En su informe ocultaron la treta.

El 15 de diciembre de 1988, Molina y López, así como el capitán Sebastián Márquez y el guardia Vicente Domínguez, no lograron detener al traficante Juan Antonio Carrasco. Pero había otra vía. Dos entraron sin permiso en su casa sin hallar nada. Luego, revisaron un trastero y encontraron un revólver y 100 gramos de heroína. Trasladaron estas pruebas a la casa y pidieron una orden de registro. El sospechoso fue condenado.

El relato de los cargos prosigue en febrero de 1989, Márquez y Molina organizaron una vigilancia a un piso de la calle de Cochabamba, en Madrid, donde iba a acudir un sujeto conocido como Julio César a comprar cocaína. En presencia de varios guardias, entró y salió. Ni fue detenido ni la droga fue intervenida. La explicación oficial fue que los sospechosos "se ausentaron del domicilio, no habiendo regresado hasta la fecha".

Premio en heroína

Diez meses después, el 14 de noviembre de 1989, el teniente coronel Francisco Quintero, una vez, que sus subordinados desmantelaron una red kurda de tráfico de heroína, permitió que el confidente que facilitó el éxito se llevase como premio dos kilos de droga. El 4 de mayo de 1990, este mando desvió un kilo de cocaína de un alijo de 30 intervenido en Lloret de Mar (Girona) para dos confidentes procesados, José Luis Recuero y José Manuel García, los Dalton. El cabo Manuel Jiménez añadió un kilo, de azúcar al, alijo para cuadrar el peso con el atestado. En septiembre de 1990, Goméz detrajo 100 gramos de heroína de una partida de 2. 100 intervenida en Almuradiel (Toledo) para el confidente Luis Ezquerocha, que se los vendió a Juan José Garrote, procesado como él.Según los cargos, en diciembre de 1990 la UCIFA intervino en Barajas 93 kilos de cocaína colombiana. Gómez retiró cinco y el comandante José Ramón Pindado seis, cinco para los Dalton. Dos de estos últimos fueron vendidos al procesado Ramón Temple, quien los revendió a los también encartados Garrote, Ricardo Fernández y Juan Pallol. El sargento Gonzalo Méndez rebajó en los informes el peso de la droga aprehendida.

En abril de 1991, de 10 kilos de coca intervenidos en el hotel Liebany, de Madrid, Gómez y Domínguez retiraron dos para, su venta. El procesado Miguel Cobos los sacó del hotel. Uno fue adquirido por el acusado Juan Miguel Rada. Otro medio kilo se llevó Pindado para Temple.

El 13 de abril de 1991, la unidad requisó en Barajas otros 30,5 kilos de cocaína. Pindado ordenó retirar tres para Temple. Para evitarle riesgos, su premio fue llevado por el capitán Jesús Narciso Núñez a la sede de la UCIFA. Los atestados fueron manipulados.

Los guardias se enfrentan ahora a severas peticiones provisionales de condena: 15 años para el comandante Pindado, el sargento Méndez y el guardia Domínguez; nueve, para el teniente coronel Quintero y el guardia Gómez; ocho, para el capitán Núñez y el cabo Jimenez, y seis, para el capitán Márquez, el cabo Molina y el guardia López.

Algunos letrados auguran que los guardias arrepentidos, Gómez y Domínguez, y confidentes como los Dalton o Temple verán rebajadas las peticiones de condena.