De Plataformas y repúblicas bananeras

¿EN QUÉ consiste el respeto del gobernante al Estado? En la cosa más sencilla del mundo: en que maneje al Estado como lo que es, como un poder público y no como un poder privado". Esta frase de Ortega y Gasset, que alguna vez ha utilizado José María Aznar como pórtico de sus meditaciones, merece una relectura por parte del presidente del Gobierno. Porque cada día son mayores y más evidentes los signos de que aquí se gobierna no tanto mirando a los intereses generales como a los particulares de su propio partido, cuando no a los de algunos de sus allegados.Lo sucedido durante la semana con la cuestión de la supuesta amnistía fiscal para los amiguetes de los socialistas ha puesto de relieve la irresponsabilidad imperante en La Moncloa a la hora de intentar destruir a sus adversarios políticos. Por lo mismo no debería extrañarnos ya la arrogancia con la que el Ejecutivo viene tratando las cuestiones de la política audiovisual, sólo comparable a la torpeza de sus decisiones.

El Gobierno parece empeñado en organizar en tomo a sus televisiones públicas y utilizando el dinero de la Compañía Telefónica, una empresa única de televisión digital vía satélite. Y no se muestra dispuesto a permitir que empresas privadas que funcionan legalmente emprendan por su cuenta una aventura que exige de por sí enormes inversiones -se habla ya de 200.000 millones de pesetas- e implica considerables riesgos para los accionistas de esas sociedades. No obstante, el anuncio de medidas de tipo reglamentario para bloquear la operación de Canal Satélite Digital, a fin de dar tiempo a la eventual plataforma del Gobierno para organizarse y competir, no puede ser verdad. Constituiría, si lo fuera, un acto de corrupción política inimaginable en quien se presentó a las elecciones con la inmaculada figura de José María Aznar como estampa. Pero los rasgos de autoritarismo que este equipo gobernante viene demostrando, en su obsesión por establecer "quién manda aquí", permiten también sospechar que es verdad cuanto publicaron ayer los diarios asociados al Gobierno en la televisión digital.

El Gobierno, que tan liberalizador y amigo de la libre competencia se profesaba, ha repetido hasta la náusea que patrocina la idea de una plataforma digital única, "en la que quepan todos, sin privilegios de nadie". Tampoco ha explicado quiénes son todos, por qué entre ellos se encuentra un operador de televisión mexicano y a qué se debe que no puedan estar todos los que quieran divididos en dos o más plataformas. Olvida Aznar que a nadie se le puede obligar a ser socio de nadie y que, independientemente de las peregrinas ideas que su portavoz pueda tener sobre el modelo audiovisual español, las leyes protegen la iniciativa privada.

El 'exilio' luxemburgués

Esto de la plataforma única se parece, además, como un huevo a otro, a un monopolio, y no digamos si está auspiciada por el Gobierno. y liderada por uno de los mayores monopolios que han existido en la historia de España: Telefónica. Pero curiosamente son las empresas privadas que tratan de ejercer la actividad por su cuenta las que son acusadas de monopolistas y difamados sus empresarios desde las tribunas públicas y los periódicos obedientes al poder. Para desgracia de Aznar, a nadie hay que pedir. permiso a fin de llevar a cabo una operación de televisión vía satélite en Europa. Ya intentó el Gobierno socialista impedir a Canal Satélite emitir su actual oferta de cinco programas -más de 100. 000 hogares abonados lo reciben hoy-, y esta empresa se fue a operar a Luxemburgo. Desde Luxemburgo, precisamente, comenzaron en noviembre las emisiones digitales de Canal Satélite y, por lo que se ve, el exilio forzado de todo el que no comulga con las ruedas de molino que el poder quiere hacer tragar sigue siendo un destino irrefrenable de los españoles.

Hay otros aspectos de esta historia que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, la insistencia gubernamental en amparar y promover la entrada en España, de un grupo de televisión mexicano, Televisa, que se ha distinguido por sus servicios al PRI, recompensados durante décadas con un auténtico monopolio de la televisión en su país. ¿Cuál es la misteriosa razón por la que un conglomerado tan poderoso como ése es protegido directamente por el presidente Aznar?

No es pequeño tampoco el asombro que produce el hecho de que las televisiones públicas controladas por el PP, y sólo ellas, contribuyan con su presencia a configurar esa pretendida empresa de la que no sabemos prácticamente nada y que tiene el perfil más de una coalición política que de una sociedad anónima. Pues conviene no olvidar que en este tipo de sociedades es preciso, además de firmar declaraciones, invertir dinero. Vistas así las cosas, es más que una sospecha que en realidad se pretende poner el dinero de Telefónica al servicio de una operación esencialmente política, que resulta marginal, a su negocio -según reconoce la propia Telefónica- y en momentos en los que se lleva a cabo la privatización de la compañía en los mercados internacionales. Aznar debería protegerse de las acusaciones que sugieren que su amigo íntimo, el presidente de Telefónica, le estaría devolviendo así el favor de su nominación al cargo, cuando el Estado tenía aún el 20% del capital.

Por último, la presencia de la radio de los obispos en un conglomerado gubernamental a nadie puede extrañar, y permite suponer que el canal Playboy no podrá difundirse fácilmente por esa televisión, salvo que el pluralismo proclamado traspase también esas fronteras. Pero en su derecho están todas esas empresas, y cuantas otras se sumen, a hacer lo que quieran. Lo que no es tolerable es que se cambie la legislación, por la vía de urgencia, con nocturnidad y alevosía, para protegerlas de la libre competencia de otras. Algunos llamarían a eso prevaricación.

Este periódico reproduce hoy los reportajes y artículos de voceros permanentes de Aznar y su Gobierno, que demuestran bien a las claras cómlo se había organizado desde La Moncloa una verdadera cacería contra las empresas de comunicación independientes. La resolución de la guerra del fútbol entre Canal +, Antena 3 TV y la televisión catalana TV-3, que ha sido una buena noticia tanto para los clubes como para la afición, sacó de sus casillas a los estrategas de Aznar, que contemplaban cómo unos derechos importantes a la hora de desarrollar sistemas de televisión de pago se les iban de las manos.

Desde la Nochebuena -fecha en que se firmó el contrato de compraventa que otorgó a Canal Satélite los derechos de los equipos de fútbol para el pago por visión- no han cesado las amenazas ni las presiones, públicas y privadas, contra cuantos no estaban dispuestos a conducirse según las trémulas órdenes del poder político. El último esperpento es este que denunciamos hoy. Pero, por más que se empeñe, el Gobierno no podrá acabar con la libertad de televisión vía satélite. No es quién el Ejecutivo para decretar cuántas plataformas de televisión deben existir. Se olvida quizás de que España es desde hace 11 años un país miembro de la Unión Europea y no una república bananera donde los caprichos del que manda se cumplen de inmediato.