"Una vuelta al Estado policial", según Derechos Humanos

El contenido que aparece en la circular sobre Captación de datos de interés para la seguridad ciudadana ha producido preo cupación y alarma en los juristas consultados. Con especial contundencia, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), evaluó el documento como "una vuelta al Estado policial".Sáez señaló que "esa recogida de datos de fuentes anónimas, no verificados ni contrastados, crea un clima de sospecha sobre todos los ciudadanos y se mueve en una lógica que no es la del Estado democrático de derecho, en el que unos profesionales, sometidos a la ley, investigan los delitos". Sáez evaluó la circular como "una confusión de espacios públicos y privados, que afecta al derecho a la intimidad".

Especialmente grave consideró Sáez la utilización informática de la información recogida. "No se pueden hacer bases de datos policiales sobre chismes, confidencias o datos incalificables, porque eso es volver a esa policía de un sistema que no respetaba los límites que implicaban el respeto a los derechos fundamentales".

Falta de garantías

No fue posible localizar anoche al director de la Agencia de Protección de Datos, Juan Martín Casallo, que suele ser especialmente sensible a este tipo de actuaciones, sobre todo dada la falta de garantías de utilización correcta de los datos personales de los ciudadanos.

Magistrados y fiscales del Tribunal Supremo, que no quisieron ser identificados, expresaron su "preocupación" por los peligros que la circular representa para el Estado democrático. Ante la lectura del párrafo de la circular según el cual existirán "noticias sobre las que en su inicio no se podrán llevar a cabo valoraciones apriorísticas, pero tal posibilidad no anula en ningún caso el hecho de su comunicación al área a la que se atribuya la competencia de su conocimiento y explotación", uno de estos juristas manifestó su "alarma ante el "control total al que van a estar sometidos los ciudadanos, sobre todo los de vida irregular".

La captación de noticias sobre vecinos cuyo "comportamiento o espera prolongada" llame la atención o porque lleguen tarde a su casa convierten a la ciudadanía, según fuentes jurídicas, en vigilada permanente.

En diciembre de 1994, la entonces viceministra de Interior Margarita Robles se comprometió en el Congreso a "actuar con toda contundencia" para adecuar a la legalidad el centenar de ficheros informáticos de la policía y la Guardia Civil, eliminando los datos sobre raza, salud, sexualidad, aficiones o estilo de vida de los ciudadanos.