Simplemente Manuel

"El problema de raíz de la política en una sociedad moderna es el control de los comportamientos profesionales",escribió en 1968 Martin Mayer. Al publicar su libro El mayor atraco a un banco, evocó, en 1990, aquella frase. "Lo que convierte al escándalo de las cajas de ahorros en una pieza tan importante de la historia norteamericana no son los miles de millones de dólares que costó, sino la demostración de cuan bajo cayeron los comportamientos profesionales en leyes,' auditoría, valoraciones, banca y política".Ayer, a las 14.40 en punto, el juez Manuel García-Castellón firmó el alarde en el que da cuenta delos once trastos del juzgado 3 bis que hoy, 25 de enero, pasan a la juez titular del juzgado 3, Teresa Palacios. Uno de ellos es el caso Banesto: 244 tomos (90.000 folios)de investigaciones. Rodeaban al juez seis de los funcionarios de su largo viaje: Paloma, Teresa, Sagrario, Abilio, José y Luis.

"De los 250 casos que entraron en el juzgado, quedan ocho diligencias previas y dos sumarios en estado avanzado. He hecho lo que modestamente creo que correspondía. No me toca a mi decidir si he acertado o no. En todo caso, sólo puedo decir que mi comportamiento ha sido profesional", dijo ayer el juez.

García-Castellón vino de Valladolid. Cubrió la vacante de Baltasar Garzón cuando éste saltó a la política. A su regreso, García-Castellón fue adscrito, el 20 de mayo de 1994, al juzgado 3 para dar salida a los casos acumulados. El 25 de mayo, por unanimidad, incluyendo al titular del 3, Miguel Moreiras, los jueces de instrucción probaron su nombramiento.

A partir del 14 de noviembre e 1994, el día que el fiscal Florentino Orti presentó la querella contra Mario Conde y los ex adminisradores de Banesto, la vida de García-Castellón ya nunca sería igual. El 15 de diciembre, García-Castellón envió a la prisión de Alcalá Meco a Arturo Romaní. Ocho días después hizo lo mismo con Conde.

Ya desde el comienzo de la instrucción el juez y el fiscal vieron que Conde había creado un grupo oculto en España con ramificaciones en Suiza. En febrero de 1995, García-Castellón solicitó una comisión rogatoria para interrogar en Lausana (Suiza) a los adminis-tradores Paolo Gallone y Renato Galletti. Ambos gestionaban las sociedades Kaneko Holding, Asni Investments y Jamuna. El abogado Dominique Poncet recurrio primero ante el Tribunal Cantonal de Vaud y luego ante el Tribunal Federal por orden del abogado Mariano Gómez de Liaflo y Francisco Javier Sitges, de acuerdo con Mario Conde. Había que impedir la investigación. Y cuando, finalmente, Gallone reveló que Conde, Gómez de Liaño y Sitges eran sus clientes, el 6 de febrero de 1996, dos recursos paralizaron la entrega del material, que llegó en octubre de 1996. Pero Conde y sus socios ganaron ano y medio.

En este período tuvo lugar uno de los mayores chantajes de la reciente historia. Conde y el abogado Jesús Santaella utilizaron el material robado del Cesid por el coronel Juan Alberto Perote. El ex banquero chantajeó al Gobierno de Felipe González. Los documentos sobre la guerra sucia contra ETA podían ser sepultados. A cambio había que complacer a Conde. Quería 14.000 millones. Y, además, que García-Castellón fuera eliminado profesionalmente: ¡Fuera del caso Banesto! La línea filosófica fue trazada por Santaella en el periódico El Mundo, portavoz activo del chantaje, el 25 de abril de 1995.

El juez, con el apoyo de Orti, sacó adelante el sumario. Y, prácticamente, está terminado. Quedan dos piezas separadas: las del financiero Jacques Hachuel y la que afecta a Gómez de Liario y a Sitges. El fiscal Luis López Sanz y la juez Palacios instruirán las diligencias pendientes.

El juez fue calumniado despiadadamente por los periodistas que labraron su prestigio encumbrando a Conde. Ayer, en la rutina de hombre normal, saludó a sus colaboradores: "Tenemos que comer todos juntos, yo invito", prometió, y se marchó. Ahora es simplemente Manuel García-Castellón, titular del juzgado 6.