El fiscal general afirma que tiene el asunto "sobre la mesa"

El fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, anunció ayer que está estudiando la supuesta anmistía fiscal del anterior Gobierno del PSOE en relación con los 200.000 millones de pesetas que la Hacienda pública podía haber dejado de ingresar derivados de la tramitación de 600 expedientes.Ortiz Urculo aseguró que "eso son cosas que tenemos sobre la mesa y que vamos a ver". [El ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba recalcó ayer que la intervención del Fiscal General le parece una buena noticia]. El fiscal general señaló: "Comprendo que los medios de comunicación, cuando surge una noticia, se interesen por ella, y yo hago igual. Lo que pasa es que desde el punto de vista del Derecho todo requiere un estudio y las respuestas del fiscal general serán en consecuencia de este estudio".

Ortiz Úrculo realizó esas afirmaciones antes de entrar a la sesión solemne de la celebración de Sant Rainion de Penyafort, el patrón del Colegio de Abogados de Barcelona. Al acto asistió también el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (CGPJ), Javier Delgado, quien unas horas antes, también en Barcelona, se había referido al mismo tema.

Denuncia o querella

Delgado se mostró partidario de que los tribunales investiguen si se produjo o no esa amnistía fiscal encubierta, siempre y cuando sean denunciados por alguien, a través de la interposición de una denuncia o una querella.Delgado recordó que la justicia española ya ha emitido sentencias en ese sentido, y recordó que, en aplicación del artículo 106 de la Constitución, el poder judicial tiene la potestad de controlar "todos" los actos administrativos del Gobierno, aunque para ello es necesaria una denuncia previa.

En caso de que existan demandas, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT va a personarse en todas aquellas acciones judiciales que se pudieran presentar, "tanto para defender la honorabilidad de los colectivos a quienes se ha cuestionado su honradez, así como para colaborar en el esclarecimiento y restitución a la Hacienda Pública de la supuesta amnistía fiscal'.

El sindicato, en un comunicado, afirma: "Una vez restituidos los 200.000 millones presuntamente estafados a la Hacienda, [el Gobierno] tendrá que reponer los derechos lesionados a los empleados públicos", y con ello la FSP recurre al argumento esgrimido por e presidente Aznar para Justificar la congelación salarial de los funcionarios.