El Gobierno, deberá informar sobre los países a los que se venden armas

El Gobierno deberá informar anualmente sobre las exportaciones de armas españolas, así como los países de destino de las mis mas, si prospera la proposición no de ley presentada en el Congreso por el Grupo Parlamenta rio Socialista, cuya aprobación es prácticamente segura.El Gobierno tendrá igualmente que hacer pública la lista negra de países sometidos a embargo o restricción en las exportaciones de armamento por su falta de respeto a los derechos humanos o su implicación en conflictos, y remitir trimestralmente a las comisiones de Defensa y Asuntos Exteriores del Congreso y del Senado los datos esenciales de las operaciones aprobadas por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU).

El contenido de la proposición del PSOE cuenta con el apoyo anticipado de Izquierda Unida, CiU, PNV y el Grupo Mixto y la única oposición del Partido Popular, que podría sumarse a la mayoría si no quiere verse derrotado. La propuesta recoge las principales reivindicaciones de la campaña por el control y la transparencia de las exportaciones de armas que bajo el lema "Hay secretos que matan" pusieron en marcha en diciembre dé 1995 cuatro organizaciones no gubernamentales: Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos Sin Fronteras.

Resistencia del PP

Representantes de estas organizaciones han mantenido contactos con los diputados Pedro Moya (PSOE), Joan Saura QUIC), Lluis Recoder (CiU), Iñaki Anasagasti (PNV) y José María Robles Fraga (PP), para impulsar una reforma de la legislación española sobre comercio de armas, en línea con las recomendaciones de la ONU y la Unión Europea. El PSOE, que pidió un plazo para estudiar la reforma, ha acabado asumiéndola en gran parte, mientras que el PP es el único partido que todavía se resiste a la misma, según los promotores de la campaña.Hasta ahora, las exportaciones españolas de armas están rodeadas del máximo secreto y sólo se facilitan, por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, datos globales que no detallan los países de destino sino a lo sumo los continentes o áreas geográficas, lo que impide comprobar si España cumple sus compromisos internacionales y vende este tipo de material a regímenes dictatoriales o zonas de conflicto.

El PSOE ha presentado en el Congreso otra proposición no de ley en la que se pide al Gobierno que "mantenga de modo indefinido" la prohibición de exportar minas antipersonales, adoptada en 1994 y prorrogada en 1995.

También propone que se prohíba la "transferencia de tecnología destinada a la fabricación de tales minas en terceros países, adoptando igualmente las medidas necesarias para prohibir el diseño y producción en España de minas antipersonal y de sus componentes y para la destrucción de los stocks existentes".