El responsable del agua dice que es inmoral vincular su gestión con su pasado en Iberdrola

El Secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, considera calumniosas e inmorales las imputaciones lanzadas por miembros del ejecutivo de Castilla-La Mancha al vincular su pasado como asesor jurídico de Iberdrola con un supuesto trato de favor contenido en el convenio firmado el lunes en Valencia por Medio Ambiente y la Comunidad Valenciana. El acuerdo prevé un trasvase del Júcar al Vinalopó, considerado decisivo por el Ejecutivo de Toledo porque hipoteca los escasos recursos del Júcar si se derivan desde La Mancha oriental hacia Levante.

Benigno Blanco se siente "moralmente ofendido" por la presunción que le atribuye el Gobierno de Castilla-La Mancha de vincular el convenio firmado con la Comunidad Valenciana con gestos de favoritismo a la empresa Iberdrola, donde fue responsable de su asesoría jurídica antes de acceder a la Secretaría de Aguas y Costas. Iberdrola es la compañía hidroeléctrica que tiene otorgados varios derechos de concesión en la cuenca del Júcar.Según Blanco, la afirmación de que carece de base legal la interconexión del Júcar con el Vinalopó no se sostiene. Este requerimiento jurídico sólo es necesario cuando los trasvases se hacen entre territorios pertenecientes a distintas cuencas hidrográficas, que no es el caso en litigio. Blanco recuerda que los proyectos contenidos en el convenio no son cosa de hoy. Vienen de décadas atrás y están recogidos en las directrices aprobadas por los socialistas.

En todo caso son proyectos, afirma, que deben someterse a los procedimientos administrativos de rigor, desde la propia redacción del proyecto, información pública, presentación de alegaciones y declaración de impacto ambiental, antes de ejecutar las obras.

El PP también protesta

Desde la Secretaría de Estado se desmiente que vaya a perjudicar las disponibilidades de agua de La Mancha oriental en la medida que los 100 hectómetros cúbicos previstos para trasvasar procederán en su integridad del ahorro resultante de canalizar la Acequia Real del Júcar (hoy de tierra), otro de los proyectos incluidos en el convenio. Otros 100 hectómetros adicionales que se ahorrarían se destinarán a Castilla-La Mancha. Sin embargo, a la protesta del Gobierno socialista de Bono se unió ayer la del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Agustín Conde, asegurando que si no hay excendentes no se pueden establecer trasvases como el firmado el lunes.Sobre el perjuicio a los regantes de la zona de La Manchela Centro y Canal de Albacete Blanco recuerda que el decreto del ministro Carlos Romero de 1989 que declaró zonas regables de interés nacional 68.000 hectáreas de La Mancha no decía con qué agua se harían los riegos. Esta declaración motivó un recurso de los usuarios valencianos del Júcar que no prosperó ante los tribunales, al no poder probar que hipotecaría sus derechos concesionales.

Blanco recuerda al Gobierno de Castilla-La Mancha que "debería acostumbrarse a respetar la legislación". El agua, dice, no pertenece al territorio por donde discurre; su ámbito legal son las cuencas hidrográficas, según el modelo de gestión puesto en práctica por España, que está siendo imitado en todo el mundo.

El secretario de los usuarios del Júcar, Antonio Valero, lamenta que Castilla-La Mancha haya vuelto a politizar el agua y afirma que "quien ha esquilmado el Júcar ha sido la provincia de Albacete que ha puesto en marcha 100.000 hectáreas de regadío al margen de la ley, sin tener la concesión y con el beneplácito de la Administración autonómica".