Ortega Lara

UN AÑO lleva secuestrado Ortega Lara. Este "primer y dramático aniversario" era presentado ayer por el diario que leen los secuestradores como el del secuestro "de un carcelero al que ETA ha privado de algunos de sus derechos". La solución propuesta por el comentarista del diario Egin para evitar que esa privación de derechos se prolongue es que "el Gobierno se avenga a respetar los de casi 600 vascos". Es decir, los derechos de los presos de ETA, cuya dirección ya ha designado a siete de ellos -encabezados por Henri Parot- para discutirlos con el Gobierno. Ésa es una propuesta. Otra, más genérica, es la del lehendakari.- insta al Gobierno a desterrar 11 posturas orgullosas" y acceder a negociar una salida, ya que hacerlo "no es ceder a ningún chantaje cuando hay una vida que pende de un hilo".ETA secuestró al funcionario Ortega Lara 20 días después de la aprobación por una comisión del Parlamento Vasco de una resolución favorable al acercamiento de los presos a Euskadi. El argumento era que la política de dispersión desplegada para favorecer la reinserción estaba agotada y se había convertido en un castigo adicional para los presos y sus familias. Ese planteamiento era discutido, con distintos matices, por algunos partidos. Es entonces cuando ETA interviene en el debate mediante el secuestro. Su objetivo, como en la autovía de Leizarán, era condicionar la decisión política; acreditar la eficacia de la lucha armada para forzar la voluntad de los políticos. De ahí que la primera reacción de Arzalluz fuera afirmar que mientras el funcionario permaneciera en poder de ETA debía "paralizarse cualquier iniciativa respecto a los presos".

Hoy existe un amplio consenso en tomo a la idea de acercamiento sin reagrupamiento. Algunas divergencias técnicas, artificialmente magnificadas, han retrasado las iniciativas planteadas en esa dirección. Pero se sabe que ya hay un principio de acuerdo entre el Gobierno vasco y el Ministerio del Interior para activar la política de acercamiento paulatino. Es equívoco, en todo caso, hablar de un "derecho" de los presos a penar en cárceles próximas a sus domicilios. Lo que hay es una recomendación legal, condicionada a las posibilidades de acogida de las prisiones de cada comunidad y siempre en función del objetivo de favorecer la reinserción. Cualquier paralelismo con Ortega Lara está fuera de lugar. El funcionario está injustamente encarcelado por ETA, mientras que los presos de ETA lo son en virtud de resoluciones de los tribunales que les juzgaron por delitos como, por ejemplo, secuestrar a otras personas.

La reflexión de Ardanza conecta seguramente con el sentimiento espontáneo de muchas personas: para salvar a Ortega Lara hay que hacer todo lo que sea necesario , incluso ceder a las exigencias de los secuestradores. Sin embargo, un responsable político está obligado a prever los efectos de sus acciones (u omisiones). Sobre esto escribió mucho un tal Max Weber, pero no es imprescindible haberlo leído para deducir los efectos de acceder a negociar la política penitenciaria con Henri Parot y compañía. Sería convertir a los cerca de 15.000 funcionarios de prisiones en rehenes perpetuos, secuestrables en cuanto una medida penitenciaria no fuera del agrado de los presos etarras o sus jefes. Considerar que todo se reduce a una cuestión de "orgullo", como insinúa Ardanza, o de "imaginación y audacia", como repiten otros, supone trivializar un grave dilema moral de todo gobemante.